Garzón condenado

La sentencia del Supremo que inhabilita a Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, por haber resuelto la intervención de las comunicaciones entre los principales imputados del 'caso Gürtel' y sus abogados, se sustenta en el Derecho, aunque su práctica expulsión de la carrera judicial pueda ser considerada excesiva e incluso moralmente injusta por parte de quienes sitúan las intenciones que se le suponen al condenado y su trayectoria por encima de su actuación jurisdiccional. La unanimidad de los siete magistrados de la Sala de lo Penal adquiere, en ese sentido, una especial significación. Tanto la legislación vigente como la jurisprudencia del Constitucional y del propio Supremo limitan la posibilidad de una intervención así a casos de terrorismo. El hecho de que la resolución de Garzón no fuera razonada, aplicándose a partir de los indicios de criminalidad que presentaban los encausados pero en ningún caso los letrados, lleva al alto tribunal a considerar que «no se trata de una interpretación errónea de la ley sino de un acto arbitrario» que violaría gravemente el derecho de defensa. En una intervención de comunicaciones entre cliente y abogado por parte del juez instructor resulta imposible deslindar aquellos contenidos que pertenecen al ámbito de la defensa de cualesquiera otros, de modo que queden preservados los primeros. Por eso mismo es imposible que tal práctica no vulnere frontalmente el derecho constitucional a la defensa. Ello con independencia de que la redacción de la sentencia haya podido incurrir en analogías que no vienen al caso, dado que la actuación de Garzón no supone la transmutación de todo un sistema de garantías en otro autoritario. A estas alturas sería absurdo negar que Baltasar Garzón ha ido generando a lo largo de su activa trayectoria, tan valiente respecto a los fines perseguidos como controvertida en cuanto a los medios empleados, reacciones de inquina y animadversión. Su exclusión de la carrera judicial representa una mala noticia para muchísimos ciudadanos y para la propia democracia. Pero por eso mismo es necesario no solo que los otros dos procesos que penden sobre él se ajusten también a Derecho, sino que las sentencias, sean condenatorias o absolutorias, se reciban sin el prejuicio que supone creer en la existencia de un complot nada menos que del Supremo para acabar con Garzón.