«Mis derechos han sido violentados»

El Tribunal Supremo ha puesto fin a 31 años de carrera judicial de Baltasar Garzón. El juez más mediático y controvertido, azote de terroristas, narcotraficantes y dictadores, se va por la puerta de atrás, condenado por prevaricación, el peor de los delitos que se le puede imputar a un magistrado.

Garzón ha mostrado su rechazo "frontal" a la sentencia del Supremo que lo condena a once años inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la interceptación las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados. Considera que la misma "no se ajusta a derecho" y ha denunciado además la "violación sistemática" de sus derechos durante todo el proceso.

"Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses", ha señalado, al tiempo que defiende su actuación en el denominado 'caso Gürtel'. "Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido", informa el juez en su comunicado.

La sentencia -la primera de las tres causas que tiene- fue aprobada por unanimidad por los siete magistrados que compusieron el tribunal y, además de la expulsión de la carrera, condenó al juez a pagar una multa de 2.500 euros y las costas procesales de la acusación particular, ejercida por los abogados Ignacio Peláez, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo. Estos dos últimos son los letrados que defienden a Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama corrupta que afectó a altos cargos del Partido Popular.

La condena supone la "perdida definitiva" de la condición de juez de Garzón, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El tribunal sostiene que Garzón, al ordenar la grabación de las conversaciones carcelarias, ha adoptado una resolución injusta y ha restringido el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable". "La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

El precio de la verdad

Este no es el único reproche que el Supremo realiza al magistrado a lo largo de los 68 folios que tiene la sentencia, ya que insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación" y "la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio". De esta forma, continúa la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, Garzón prescindió de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtió las previsiones constitucionales y legales "en meras proclamaciones vacías de contenido".

Tras insistir en que el juez se separó "absolutamente" de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo, la sala indica que Garzón vulneró el Estado de Derecho, ya que a pesar de no existir indicios de delito contra los letrados, ordenó que sus comunicaciones fueran intervenidas, e incluyó a todos los abogados, fueran quienes fueran. La sentencia, contra la que no cabe recurso, está firmada por los magistrados Joaquín Giménez, que ha presidido el tribunal durante el juicio, Andrés Martínez-Arrieta, Miguel Colmenero -ponente-, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

Una vez que le ha sido comunicada la resolución, Garzón ha abandonado la sede del alto tribunal, con semblante serio y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, personas cercanas aseguraron que se encontraba "literalmente hundido". Precisamente, el abogado del hasta hoy juez, Francisco Baena Bocanegra, ha señalado que su cliente está "desolado". "Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado. Es para estar desolado. Confieso que yo participo de su desolación y dolor", ha añadido, según informa la agencia Efe.

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial esperará a que se le notifique formalmente la sentencia condenatoria para ejecutar el fallo, expulsar al juez de la carrera y convocar su plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que cubre actualmente Pablo Ruz de forma interina. Según informaron fuentes del Consejo, esta institución podría recibir entre esta tarde y mañana la sentencia.