Obama choca con la derecha religiosa

Hacía falta pólvora para encender la pira de fuegos artificiales que desata siempre la guerra religiosa. Los republicanos la han encontrado en la ley del Gobierno de Barack Obama que obliga a todos los empleadores a ofrecer anticonceptivos gratis en sus planes de seguros médicos privados.

Para que prenda la mecha hay que traducir esta ley a lenguaje incendiario como «ataque a la libertad religiosa», «violación de la primera enmienda constitucional» -que garantiza la libertad religiosa- o «daño a los intereses más vitales de la nación». Todo eso lo utilizaron los congresistas republicanos que el miércoles tomaron la tribuna para acusar a Obama de haber comenzado una persecución religiosa. El portavoz del Congreso, John Boehner, prometió que si el presidente no cambia de opinión será el cuerpo legislativo el que revierta su decisión mediante una ley que sabe muy bien que no podrá sacar adelante, pero cuyo debate azuzará a las bases para acudir a las urnas, como han demostrado muy bien los candidatos republicanos en los 'caucus' y primarias que se celebraron el martes en el corazón religioso del país.

En año electoral, «algunos políticos han decidido, de nuevo, utilizar la salud de las mujeres para jugar al fútbol político», lamentó el congresista demócrata Lois Capps. La ley proporciona a las mujeres acceso gratuito a los anticonceptivos que les proporcionan sus seguros médicos privados, por los que sus empleadores pagan cientos de dólares al mes, que incluyen en su salario. Con todo, el copago por esos anticonceptivos genéricos resultaba de 37,6 euros mensuales, mientras que los genéricos de salían por 7,5 euros.

La Iglesia acusa al Gobierno de forzarla a financiar procedimientos que van en contra de sus principios religiosos, pese a que la ley contempla una cláusula de objección de conciencia que permite a las iglesias no cumplirla. Esta no incluye, sin embargo, a hospitales, colegios y fundaciones altruistas afiliadas a las iglesias que emplean a un buen número de trabajadores que no necesariamente comparten sus principios.

El primero en ver el capital electoral que tendría esta disputa fue Newt Gingrich, que al acercarse las primarias a Missouri, conocido como el 'cinturón de la Biblia', anunció que Obama había declarado la guerra a la religión y que solo él podría frenarle. Su amigo Rick Perry, gobernador de Texas, ya intentó ese truco cuando acusó al Gobierno de haber declarado la guerra a la Navidad, pero entonces carecía de argumentos como los que le proporciona esta ley.

Carta

La Iglesia católica ha puesto varios actores en escena. Una carta de los arzobispos que fue leída en todas las iglesias, otra de una monja que suplicó públicamente al vicepresidente Joe Biden que interceda para poder continuar con «la labor sanadora de Dios» y la primera demanda contra la Ley de Atención Asequible que ha interpuesto la cadena de televisión católica Eternal Word Television Network en un tribunal de Birmingham, Alabama. «No tenemos otra opción más que llevar esto a los tribunales», defendió el presidente de la cadena.

En realidad más de 20 estados tienen ya medidas semejantes a las que ahora consideran «inmorales», pero la Iglesia sabe que en año electoral encontrará muchos adalides que la defiendan. Uno de ellos fue Marco Antonio Rubio, que lanzó su virulento alegato del Congreso en inglés y en español. Su nombre es el que más circula como candidato potencial a vicepresidente de cualquiera de los candidatos republicanos que se alce con la nominación del partido.

Hasta la Casa Blanca ha temblado con la virulenta reacción de la clase política. Tras una reunión a puerta cerrada en la que, según 'The New York Times', Biden pidió reconsiderar la decisión, mientras que la secretaria de Salud, Kathleeen Sebelius, se mantuvo firme, el portavoz Jay Carney dio señales de estar abierto a la negociación. Una de estas «soluciones de compromiso» podría dejar margen a las organizaciones afiliadas a la Iglesia para no incluir los anticonceptivos y las esterilizaciones en su cobertura si dan la opción a sus empleados de elegir otro seguro que sí lo haga.