Zapatero, entre togas y puñetas

José Luis Rodríguez Zapatero se enfundó ayer por primera vez la toga negra con puños rojos y se colocó la medalla de consejero de Estado. El expresidente del Gobierno tomó posesión de su nuevo puesto de trabajo en una solemne y larga ceremonia en el vetusto edificio del órgano consultivo, atiborrado de invitados. Tuvo como padrinos a su exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, «leal, eficaz e incansable compañera de Gobierno», según dijo, y de cuyos servicios prescindió en octubre de 2010, y al exministro de Justicia socialista Fernando Ledesma, ambos miembros de la institución.

Vestido de consejero de Estado hizo un discurso de hombre de Estado en el que se olvidó del pasado. En presencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, reclamó generosidad con Mariano Rajoy y altura de miras en estos momentos de crisis. «El Gobierno de España -dijo- debería contar con todo el apoyo político e institucional que se le pueda prestar» para encontrar una salida a la crisis y reformular el proyecto europeo.

Señaló que España vive «una encrucijada decisiva» para su futuro, al punto de que no ha estado en una situación similar «desde la transición democrática». Pero la solución, apuntó, no está solo dentro del país sino en la Unión Europea, desde donde tiene que surgir «una respuesta verdaderamente conjunta y solidaria» que «solo será posible si conseguimos progresar, de forma decidida, con arrojo, con lucidez histórica, en la definitiva construcción» del proyecto europeo. Un objetivo, subrayó, «tan imprescindible como difícil de alcanzar».

El expresidente indicó que con la próxima reforma de los tratados europeos para avanzar en «la gobernanza» de la Unión y en la delimitación de las competencias soberanas de cada país 'los 27' vivirán un momento «cuasiconstituyente». En toda esta etapa, agregó, el Consejo de Estado podrá «proyectar su 'auctoritas' y su saber experto». En lo que a él respecta, se ofreció a trabajar con «voluntad de ser útil» a la institución.

Sin aplausos

Nadie aplaudió sus palabras, como es costumbre en el Consejo de Estado. Con Zapatero tomó posesión como consejero permanente Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey, y como consejeros natos por razón de su cargo, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce; el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez; la abogada general del Estado, Marta Silva, y el director del Centro de Estudios Constitucionales, Benigno Pendás.

De todos ellos trazó una semblanza el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, que tiene las horas contadas al frente de la institución porque Rajoy nombrará otro presidente. Rubio diseccionó con mimo la gestión de quien le colocó al frente de la institución hace ocho años con elogios para la retirada de las tropas de Irak y los avances en derechos sociales, reformas, dijo, que podrá ser «corregidas o modificadas» por los nuevos gobernantes del PP, «pero no abandonadas». Subrayó con énfasis el éxito de lograr el final de la violencia de ETA gracias al «esfuerzo» de Zapatero, aunque repartió los méritos con los anteriores gobiernos y la labor de los tribunales y las fuerzas de seguridad. Pero también hubo un reproche, la negativa a encarar la reforma constitucional, para la que el Consejo de Estado elaboró un voluminoso informe que fue ignorado por el Gobierno socialista. «Era necesaria -se lamentó- y ahora más que antes».

Zapatero ni pestañeó en su silla tapizada de rojo. Su nuevo trabajo es vitalicio, en virtud de la reforma que se aprobó bajo su mandato para que los expresidentes del Gobierno se incorporaran a la institución. Cobrará 72.800 euros brutos anuales, que se sumarán a los 74.000 que percibe como exjefe del Ejecutivo. Será, sin embargo, el único expresidente que se acogerá a la reforma porque Adolfo Suárez, enfermo, no puede desempeñar ninguna actividad laboral; Leopoldo Calvo-Sotelo falleció; Felipe González se negó a incorporarse; y José María Aznar, aunque fue consejero durante unos meses, renunció para dedicarse a la actividad privada.