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ESPAÑA

El juez anuncia que recurrirá ante el Constitucional

Dice que su condena «abre espacios de impunidad» a los corruptos y lamina la independencia de los magistrados españoles

M. BALÍN
MADRID.Actualizado:

Baltasar Garzón rechazó ayer «frontalmente» la condena a 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel' y anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que, a su juicio, «elimina toda posibilidad de investigar la corrupción».

El juez aseguró que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España».

En un comunicado hecho público a última hora de ayer, Garzón denunció que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

«He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía», señaló.

«Aberración»

A esto añade que su actuación en el 'caso Gürtel' se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de contundentes indicios y para evitar «la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como habían hecho antes, a los abogados».

Asimismo, calificó como una «aberración» que la resolución para justificar la condena explique que el hecho de que Garzón, en el auto en el que ordenó intervenir las comunicaciones, incluyera una cláusula para hacer prevalecer el derecho de defensa sí revela que sabía que su resolución afectaba a ese derecho. «La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa», concluyó.