El PSOE cuestiona la legalidad de la convocatoria para 58 funcionarios
El proceso iniciado por el Ayuntamiento ha sido impugnado porque ya ha vencido el plazo para hacer los exámenes y adjudicar las plazas
Actualizado:La convocatoria para adjudicar 58 plazas de funcionario abierta por el Ayuntamiento podría ser declarada nula por un error en el procedimiento. El grupo municipal socialista informó de que un ciudadano ha impugnado las oposiciones porque éstas ya fueron convocadas hace tres años y ya se ha vencido el plazo que marca la ley para celebrar los exámenes y cubrir las plazas.
De darle la razón el secretario municipal, esta convocatoria quedaría anulada y el número de plazas reducidas conforme a la nueva ley del Gobierno central, con el consecuente perjuicio a los interinos que mayoritariamente ocupan los puestos y a las miles de personas que, según el PSOE, están interesadas en presentarse a examen. Se trata de dieciséis para auxiliar administrativo -grupo más numeroso- además de cinco técnicos en administración especial, un ingeniero, dos arquitectos técnicos, dos psicólogos, un biólogo, varios oficiales de albañilería, electricistas y carpinteros, tres sepultureros, tres limpiadoras, etc. Así lo recoge el folleto que estos días están siendo distribuido en la puerta de la Casa Consistorial por parte de una editorial de temarios para opositores.
Esta convocatoria fue publicada el pasado 23 de enero en el Boletín Oficial del Estado y el plazo de solicitudes estará abierto hasta el próximo día 13. Sin embargo, el PSOE ha puesto en tela de juicio su legalidad y elevará su consulta tanto a la Secretaría general del Ayuntamiento como a la delegación provincial de Gobernación.
El concejal socialista David de la Encina explicó la impugación del citado vecino se basa en que el alcalde, Enrique Moresco, anunció la oferta pública de empleo el 30 de diciembre de 2008, mediante un decreto de Alcaldía.
«Una chapuza»
Pero el Estatuto Básico de la Función Pública establece un plazo máximo de tres años para que se celebren las oposiciones y se adjudiquen las plazas. Un margen de tiempo que ya se ha superado. En este sentido, el socialista añadió que si el procedimiento se anula, la nueva convocatoria tendrá que ajustarse a la ley 39/2010 que dicta que solo se puede amortizar un empleo de cada diez bajas. Con lo que la oferta de 58 plazas se vería reducida de forma considerable. «Moresco, tras seis años de mandato, no ha podido sacar una oferta de empleo. Su concejala de Personal, Leocadia Benavente, tampoco ha sido capaz de elaborar la Relación de Puestos de Trabajo. Y cuando convocan los exámenes en 2008 lo hacen de forma inadecuada. Una chapuza».
De la Encina añadió que si el secretario constata que las oposiciones no se pueden celebrar y aún así el gobierno local decide seguir adelante, los responsables políticos podrían incurrir en un delito de prevaricación. «Ojalá todo quede aclarado, que los opositores no estén con el miedo en el cuerpo y que la persona que ha impugnado reciba explicaciones».