La testigo en el supuesto caso de extorsión a un hostelero en Vejer, ilocalizable

Un hotel en pleno centro de Vejer, una licencia de apertura y unas facturas ordinarias que debía afrontar el Ayuntamiento a cambio de la concesión del permiso municipal. En esas escuetas líneas se resume la causa que instruye el juzgado nº 1 de Barbate por supuesta extorsión y cohecho que habrían sufrido los responsables del negocio hotelero a manos del anterior equipo de Gobierno local. En concreto del exconcejal de Obras Públicas, Francisco Javier Gavira; su homólogo en Urbanismo, Antonio Muñoz; un técnico municipal adscrito al que fuera el departamento de Gavira y el anterior alcalde socialista, Antonio Verdú.

Todos ellos ya declararon en calidad de imputados el pasado mes de diciembre y su implicación en el asunto viene a partir de la denuncia formulada por una mujer, que ejerció de intermediario entre el dueño del hotel y la Administración local durante las obras previas a la inauguración en 2008. Se trata de la principal testigo y promotora de la denuncia. Pero hoy se encuentra ilocalizable.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que la citación para que acudiera a declarar en calidad de testigo en noviembre ante el juez fue enviada a un domicilio de Madrid que ella facilitó. Sin embargo, dicha notificación no llegó a su destinataria. El juez ha remitido un oficio a la Policía para que se encargue de localizarla y poder interrogarla

Su declaración es clave ya que fue ella la que acusó directamente a los ahora imputados de haberle coaccionado con retrasar la concesión de la licencia. Las mismas fuentes consultadas confirmaron a este medio que ya en su día se ratificó en su denuncia ante la Fiscalía, en Madrid, pero aún no ha podido ser interrogada por el instructor. Su testimonio, por tanto, se revela esencial para arrojar luz a un asunto que ya ha cumplido dos años desde que el Ministerio Público recibió la denuncia en enero de 2010 y aún no ha superado las primeras etapas de la fase de la instrucción.

Esta mujer, que ya está desvinculada al negocio hotelero, llegó a grabar una reunión con el exedil Gavira para demostrar que el Ayuntamiento le había condicionado la concesión de la licencia a cambio de que se hicieran cargo de una serie de facturas por importe de 27.962 euros. Un dinero que sirvió para pagar la nueva iluminación del estadio municipal, arreglos en dependencias de la Policía Local y en la instalación de una tarima en la guardería pública.

En noviembre se anunció que el exalcalde de Vejer quedaba fuera del caso y que el juez le citaría a declarar como testigo. Sin embargo, lo hizo como imputado. Junto a él declararon en diciembre el resto de implicados. Desde la defensa señalaron que la fórmula de pago se acordó con la denunciante, ya que le ofrecieron la posibilidad de utilizar parte de la canalización pública de electricidad para no tener que abrir nuevas zanjas en la vía pública. Gavira reconoció que pudo incurrir en un error administrativo pero nunca en delito.