Garzón se apoya en causas y jurisprudencia internacional para defender su actuación

La investigación de la Corte Penal Internacional al expresidente libio Muamar Gadafi por crímenes de lesa humanidad, la persecución de la Justicia chilena al dictador Augusto Pinochet o la causa que mantiene abierta la Audiencia Nacional por la desaparición de españoles en campos de concentración nazis fueron algunos de los documentos que aportó ayer la defensa de Garzón al tribunal que le juzga por supuesta prevaricación.

El abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó a la sala del Tribunal Supremo una relación de unos 60 escritos sobre desapariciones forzadas, causas y jurisprudencia sobre este asunto, para justificar su investigación de los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional.

Estas pruebas forman parte de la fase documental del juicio, una vez concluida la declaración de todos los testigos presentados por la defensa.

Entre los documentos incorporados se incluyó un comunicado del 28 de marzo de 2009 de organizaciones integradas en Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) relacionado con la memoria histórica y la posibilidad de juzgar la historia.

Además, se incorporaron múltiples resoluciones de la ONU sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos o la vulneración del derecho internacional humanitario.

Uno de los documentos considerado clave por la defensa es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del CPI y de tribunales nacionales que han resuelto casos sobre Yugoslavia, Líbano o la extradición del exdictador Pinochet. Asimismo, se citó jurisprudencia española que establece la obligación de perseguir e investigar los crímenes de lesa humanidad.

Nazismo

Martínez Fresneda también solicitó la lectura de documentos relativos a la postura exhibida el 14 de julio de 2008 por la Fiscalía en las diligencias tramitadas en el Juzgado Central de Instrucción número 2. En ellas, trataba la competencia de una causa sobre prisioneros españoles recluidos en el campo de concentración nazi de de Mathausen por ser constitutivos de genocidio y lesa humanidad.

Asimismo, pidió leer ante el tribunal el voto particular emitido por tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la causa sobre la memoria histórica. Estos jueces eran favorables a que el juzgado de Garzón siguiera investigando las denuncias.

A pesar de que la defensa solicitó que no se hiciera lectura de la querella presentada contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, el presidente del tribunal, Carlos Granados, admitió la propuesta del abogado de Manos Limpias.

Previamente, uno de los tres últimos testigos en comparecer, Emilio Silva, señaló que las exhumaciones son «una pequeña parte del problema que debe asumir el Estado». La otra parte, dijo, es que la Justicia actúe y repare los delitos de secuestros, torturas y asesinatos que se cometieron durante la dictadura. «¿Qué ha ocurrido con los desaparecidos durante todos estos años?», se preguntó Silva.

Por su parte, el testigo Antonio Ontañón relató a los siete magistrados que a los represaliados se les aplicaba «la muerte física y la desaparición jurídica», pues existía la consigna de que «de los rojos no debía quedar ni rastro».

Hoy se celebrará la última sesión del juicio con la presentación de los escritos de conclusiones y la última palabra de Garzón.