Los testigos del juicio a Garzón defienden su «derecho a saber»

La fase testifical del juicio a Baltasar Garzón llega hoy a su final, pero ayer se volvieron a escuchar en el Tribunal Supremo duros testimonios de cuatro denunciantes de las asociaciones de la memoria histórica.

Olga Alcega, del colectivo de familiares de fusilados y desaparecidos de Navarra, dijo que acudió a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 por su «derecho a saber» qué ocurrió con su abuelo, fusilado el 2 de septiembre de 1936 en Magallón, Aragón, junto a otras 80 personas. Lo hizo, recalcó, sin ningún «afán de venganza», solo para exigir justicia después de 75 años de olvido administrativo y judicial.

Rafael Espino, de la asociación para la recuperación de la memoria de Córdoba, explicó que denunciaron cuando lograron un testimonio sobre «cómo se produjeron los asesinatos y en dónde se encontraba la fosa con los desaparecidos».

El presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña, Manuel Perona, se presentó en 2006 en la Audiencia Nacional con un listado de unos 1.900 desaparecidos en su comunidad y pruebas de que ocho civiles que se encontraban retenidos en la prisión de Manresa en 1936 fueron llevados «a la fuerza» a Barcelona y nunca más se supo de su paredero.

Pedro Fausto Canales, miembro del colectivo en Valladolid e hijo de desaparecido durante la Guerra Civil, relató cómo se personó en la Audiencia Nacional en diciembre de 2007 para denunciar el secuestro de diez comerciantes y jornaleros del pueblo de Pajares de Adaja, en Ávila, que se cree que pudieran estar enterrados en el Valle de los Caídos.