El juez Marlaska desoye al fiscal y no procesa a la cúpula militar de Trillo por el Yak-42

Ni las graves acusaciones del fiscal, ni su petición de apertura de juicio oral contra los seis mandos militares imputados por la contratación del Yak-42 han servido para que el juez Fernando Grande-Marlaska cambie de opinión.

El instructor de la Audiencia Nacional dio ayer carpetazo a la investigación al concluir que los acusados por homicidio imprudente no tenían capacidad para haber evitado el accidente aéreo, en que fallecieron 62 soldados en mayo de 2003. Ello, pese a su responsabilidad en el alquiler del aparato y a que conocían las quejas previas sobre el estado de los aviones rusos.

Es la quinta vez que el juez Marlaska archiva una investigación sobre este siniestro, aunque en las cuatro ocasiones anteriores la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha corregido el criterio y ha ordenado su reapertura. Las dos primeras veces fueron por la causa de las falsas identificaciones de los fallecidos, que al final acabó en juicio con tres condenados, y en las tres restantes por las posibles irregularidades en la contratación de los Yak.

Para el magistrado, el siniestro fue causado por la falta de preparación de la tripulación ucraniana fallecida y no «las condiciones mínimas de seguridad que reunía el aparato para un transporte de esta naturaleza», como señaló el teniente fiscal Fernando Burgos en su escrito de acusación.

Marlaska centra su razonamiento en un informe pericial de la comisión de investigación que sostiene que «no fueron las circunstancias de mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas del siniestro, sino la preparación de la tripulación para maniobrar en el aeropuerto» de las características de Trebisonda, en Turquía, dada su orografía montañosa y la espesa niebla del día del accidente.

El juez añade que los pilotos no tenían pericia para gestionar situaciones de riesgo, a lo que se sumó el estrés y el cansancio de las primeras maniobras frustradas de acercamiento, «llegando a perder el control de su situación especial concreta».

«Enormes deficiencias»

Sobre las supuestas irregularidades en la contratación de estos aviones por parte del Ministerio de Defensa, Marlaska considera que la problemática del movimiento de tropas y material «no puede estimarse generadora de un riesgo añadido, al que por sí lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo tan alejado».

Por ello el juez descarta que los seis imputados, entre ellos el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa con el ministro Federico Trillo, el almirante Antonio Moreno Barberá, tengan responsabilidad penal en el accidente. «No hay un dato objetivo que infiera una mínima duda sobre esta hipótesis», dice.

La respuesta de Marlaska contradice al fiscal Burgos, para el que el siniestro «hubiera sido evitable» y los imputados incurrieron en una «imprudencia grave» al no tomar «los más elementales deberes de cuidado en el ejercicio de sus funciones, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban estos vuelos».

Entre las quejas que no han sido estimadas por el juez destaca el informe del coronel Marino, en el que se decía que «se están corriendo altos riesgos al contratar aviones de la antigua URSS», o el del comandante Ripollés, fallecido en el siniestro, en el que señaló que «con solo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia». Incluso un general, desde Zaragoza, envió su queja por fax al jefe del Ejército del Aire, quien a su vez se lo reenvió al almirante Moreno Barberá.

En diferentes términos se pronunció Noruega, donde una sola queja de sus militares canceló el contrato con los Yak, que gestionaba la OTAN a través de la agencia Namsa.

El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42, Miguel Angel Sencianes, calificó de «golpe moral» y «jarro de agua fría» el archivo de la causa judicial y anunció que los allegados recurrirán el auto del juez Marlaska «con todas las fuerzas».