Dejan a las hijas de Ruiz-Mateos conocer los embargos para que puedan reclamar

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz permitió hace 12 días a la familia Ruiz-Mateos conocer que sus propiedades inmobiliarias estaban embargadas para que las siete hijas del fundador de Nueva Rumasa se pudieran pronunciar, al no estar imputadas en la causa por estafa abierta contra el resto de sus familiares. Según el auto dictado el 17 de enero, el juez acuerda el levantamiento parcial del secreto de sumario para «permitir la personación de aquellas personas o entidades que puedan considerarse afectadas por tales medidas y deseen ejercer su derecho de defensa».

Este hecho se produjo después de que dos de las hijas del matrimonio -Begoña y Socorro Ruiz-Mateos- presentaran sendos escritos al juzgado para protestar por los embargos dictados sobre sus viviendas familiares. Las medidas cautelares pesan sobre ellas al estar todas sus casas inscritas a nombre de sociedades del entramado de Nueva Rumasa.

Del auto también se desprende que las alrededor de 220 propiedades inmobiliarias de los Ruiz-Mateos estaban embargadas desde los pasados 17 de noviembre y 21 de diciembre, y que los afectados conocían la decisión por notificación del Registro de la Propiedad. La Policía Judicial registró parte de las viviendas de la familia jerezana el pasado miércoles por orden de Ruz.

En febrero de 2004, las siete hijas del fundador de Nueva Rumasa y Teresa Rivero firmaron ante notario su renuncia a la gestión y la propiedad del grupo empresarial en favor de sus hermanos varones a cambio de pagos anuales en efectivo y varias propiedades inmobiliarias.

Sin embargo, hace cinco años, éstas cedieron a la petición de sus seis hermanos varones de hipotecar las viviendas con la finalidad de conseguir liquidez para evitar la quiebra de Nueva Rumasa. A cambio, ellos se hicieran cargo de las cuotas de los préstamos, que dejaron de pagar hace un año y por lo que los bancos también solicitaron los correspondiente embargos.

Fuentes jurídicas cercanas al caso explican que a pesar de que las siete hijas de la familia Ruiz-Mateos reclamen la devolución de los inmuebles y de que todas menos una (Rocío) no estén imputadas en la causa, será «difícil» que no pierdan sus propiedades.