Que el «diálogo» no limite lo «escrito» en el BOE

Uno de los eslóganes impresos en vallas publicitarias para las elecciones de 2008 decía «Por el pleno empleo». De igual forma que acertar de lleno es complicado, errar del todo también lo es. De prometer el pleno empleo el PSOE en esa campaña electoral, el Gobierno que sustentó ese partido político, ha hecho posible lo que parece imposible a primera vista, que heredemos una situación de «pleno paro». Precisamente, la promesa electoral o quizás el engaño más burdo, se sustentaba en el cuadro macroeconómico en el que no sólo sustentaron los Presupuestos Generales del Estado para 2008, sino que estos fueron la base y fundamento de ciertas promesas electorales, a sabiendas de la inflexión virulenta del ciclo económico, producto de una doble crisis, una de carácter exterior y financiera y otra interna, basada en la explosión de la burbuja inmobiliaria.

A mediados de 2007, encontramos el punto más álgido de todo el ciclo económico ascendente, que había comenzado allá por el año 1994. Esas circunstancias existentes entonces, causantes de casi todos los desequilibrios que hoy padecemos, no se van a repetir todas al unísono. Sin embargo, curiosamente había un indicador realmente catastrófico, a pesar de ser el momento de nuestra reciente historia con menor tasa de paro, y es que el desempleo afectaba a más de dos millones de personas. La única justificación posible a ello, son los innumerables desequilibrios que se ciernen sobre el mercado de trabajo español. Ahora, la cifra asciende a casi cinco millones y medio de personas. La diferencia entre ambas cifras, de casi tres millones y medio, se deben no sólo a los efectos de la contracción del PIB en estos últimos años, que también, sino a esos desequilibrios a los que ya nos hemos referidos. En 2007 se creó tanto empleo, básicamente por el auge sin precedentes de actividad en el sector de la construcción, que llegó a rebasar el 20% del PIB. Ello unido a una política fiscal expansiva, a diferencia de la actual, constrictiva de la actividad económica, con una presión y esfuerzo fiscal de los mayores de toda Europa. Además, a diferencia de la situación pasada, ahora no fluye el crédito, porque las entidades financieras españolas han pasado de un problema de liquidez a otro de solvencia, precisamente por la duración de la situación de crisis y porque su función básica ahora es la financiación del sector público, que ha sido un pozo sin fondo. Y todo ello, nos ha llevado al peor de los escenarios, paro exacerbado, inflación más alta que la del resto de países del entorno y retroceso del PIB. La crisis perfecta, como si fuera una maldición divina. Algo así como si retrocedemos dos mil años y Dios opta ahora por España como el pueblo elegido sobre el que caerán todos los males. Pero, Dios nada tiene que ver, somos los hombres. La falta de decisión y valentía para encauzar adecuadamente la situación es la que nos ha llevado al desastre. Son pues, cosas terrenales, nada de castigo divino. Dejemos a Dios en paz y asumamos nuestras culpas. Y estas se reconducen a un concepto, «competitividad» de nuestra economía. Sólo haremos una economía competitiva, si además somos capaces de aumentar la «productividad» del factor de producción llamado «trabajo», de ahí la necesaria, urgente e imprescindible reforma del mercado laboral.

Veamos la dimensión que debiera tener la del mercado de trabajo y en qué grado debiera supeditarse al acuerdo habido entre los interlocutores sociales. Decíamos que no cabe otra reforma que no tenga como finalidad inmediata ganar competitividad empresarial, lo que sólo se produce reduciendo costes empresariales. Eso justifica la moderación salarial, quizás lo único trascedente y realmente positivo del acuerdo habido entre patronal y sindicatos. Además hay que eliminar todo tipo de rigideces que vengan impuestas desde fuera de la empresa, que no sean las que la legislación laboral establece como mínimos de derecho necesario. Por eso, más que incidir en la entrada de trabajadores en el mercado de trabajo o en su salida del mismo, lo más acuciante es legislar sobre todo aquello que afecta a la permanencia de los trabajadores en la empresa y que pueden reconducirse a través de la preeminencia de los convenios de ámbito empresarial sobre los que disponen un ámbito superior a la empresa. Es decir, los salarios y las condiciones de trabajo, que de manera directa inciden en la eficacia y eficiencia de las empresas, porque afectan directamente en la competitividad, deben acordarse sólo en ese ámbito. Puede seguir existiendo la negociación de ámbito superior y así se respeta el status quo de los interlocutores sociales y sus estructuras internas, que sólo se justifican por la existencia de esos ámbitos de negociación superior al empresarial, pero impidiendo abrogarse competencias que sólo deberían decidirse en el ámbito de la propia empresa, bien a través de la negoción en ese ámbito y supletoriamente utilizando el contrato de trabajo, único instrumento donde es posible de verdad, adecuar y evaluar la incidencia de la productividad del factor trabajo, a la conformación adecuada de la estructura de costes de las empresas y por ende a la competitividad, sobre la base de la eficacia y eficiencia del factor. El principio de igualdad, valor supremo de nuestro Ordenamiento jurídico, no justifica en absoluto el pretendido «igualitarismo», base de la actual concepción de las relaciones laborales, a través de una negociación colectiva en la que los salarios son calculados y cuantificados como valores de «máximos». Este y no otro, es el impedimento fundamental que supone el espíritu actual de la negociación colectiva, que impidió la entrada de más de dos millones de personas al mismo en 2007. Ahora ya son cinco millones y medio. Y los seis están a la vuelta de la esquina.

Por todo esto, al Gobierno le digo como español, escriba y escriba cuanto sea necesario en el BOE, que el «Diálogo» no le supedite e impida escribir, porque lo escrito, escrito quedará y las palabras, base del diálogo, se las llevará el viento, como ya ocurrió en 2002, donde a pesar del pacto alcanzado entre patronal y sindicatos, en el que se acordó el Primer Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, consistente precisamente en la moderación salarial, su ejecución no supuso tal moderación. Ahora, los mismos vuelven a las andadas y una semana antes, firmaron el convenio colectivo de la Construcción, con subida del 1%, más una compensación salarial si la inflación supera el 2%, cuando el PIB puede que caiga en el mismo período hasta un 1,7%. Todo muy edificante.