Los negocios chocan con el Medio Ambiente

Abrir un negocio se convierte a veces en tarea imposible, o al menos muy farragosa, ante la multitud de trabas burocráticas con las que se encuentra el empresario. Es lo que ocurre con el borrador del decreto de calificación ambiental de la Junta, que vendrá a derogar la presente normativa fomentando una mayor participación de los afectados pero, a la vez, puede provocar que se alargue el proceso sobre todo en negocios relacionados con la hostelería y alimentación.

La comparación entre el actual decreto 297/1995 del reglamento de calificación ambiental y el borrador del decreto, al que ha tenido acceso este medio, muestra cómo dicho procedimiento, paralelo al que se pone en marcha por parte de Urbanismo para la concesión de la licencia pertinente, se complica y añade nuevos pasos.

Así por ejemplo, el borrador en cuestión introduce un nuevo periodo de consultas e informes en el cual es preciso comunicar el proyecto a las administraciones públicas afectadas; o establece un nuevo trámite de audiencia a los interesados en la parte final para que puedan alegar, cuando ya el proyecto cuenta con todos los parabienes de los servicios técnicos y jurídicos en base a la normativa urbanística, ambiental, etc.

Cabe destacar que ambas normativas contemplan un plazo máximo de tres meses para la resolución favorable o desfavorable, pero el problema radica en aquellos negocios que no tenían que apurar dicho plazo para abrir sus puertas, y que ahora pueden sufrir cierto retraso ante tal cúmulo de gestiones. Se trata fundamentalmente de actividades donde el impacto ambiental es más pequeño o menos nocivo como bares, autoservicios, venta de frutas y verduras, venta de congelados o carnicerías.

«No tiene mucho sentido que cuando todas las administraciones estamos intentando agilizar los trámites para facilitar la apertura de negocios, el borrador del decreto de impacto ambiental vaya en la dirección contraria», resalta el delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, al ser consultado sobre la repercusión que puede tener la normativa. Saldaña entiende la postura de la norma en el caso de aquellas actividades cuyo impacto ambiental pueda ser mayor, «algo que sí es importante preservar, pero hay otras cuyo impacto es mínimo y donde se echa en falta un procedimiento abreviado».

Impulso

Y para dar ejemplo de la celeridad con la que se trata de actuar, el Ayuntamiento, a través de la Delegación municipal de Urbanismo, concedió durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año 2011 un total de 88 licencias de apertura de establecimientos dentro de todo el término municipal de Jerez. A ello hay que sumar los 75 expedientes sobre cambios de titularidad que a su vez se tramitaron en los citados meses.

Las licencias concedidas corresponden a establecimientos industriales, comerciales, profesionales y de servicios, entre los que figuran aperturas de naves de fabricación, instalaciones deportivas, comercios de actividades relacionadas con la alimentación, la restauración, textil, complementos y ocio y esparcimiento. También se han abierto locales para actividades de formación y de determinados servicios y actividades.

El delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, considera positivo este dato, si bien añade también que hay expedientes cuya tramitación no avanza todo lo rápido que se pretende por falta de documentación, una circunstancia que está retrasando su resolución. «Cuando los expedientes llegan completos los trámites son rápidos, pero cuando se hace necesario incorporar más documentación se demora todo el proceso», señala. Asimismo, explicó que se están produciendo otras situaciones en las que por imposición legal no es posible la concesión de la licencia solicitada. Aun así, «el dato de los últimos dos meses es un buen dato y pone de manifiesto el esfuerzo que se está realizando».

Saldaña afirma que desde Urbanismo se está trabajando para aplicar de una forma más flexible la directiva europea de actividades y servicios; no obstante, ya advirtió de que la normativa de la Junta de tramitación de calificación ambiental resulta «restrictiva y exige periodos de información pública que contribuyen a alargar el proceso de concesión de las licencias».