La amenaza del derribo aún se cierne sobre medio millar de casas ilegales

El último derribo forzoso de la ciudad fue portada en los medios de comunicación de todo el país. Diez viviendas de Majadillas Bajas, edificadas por un promotor local sin licencia, eran reducidas a escombros en apenas unos minutos. Este desagradable episodio podría tener su continuidad en los próximos meses, con casi medio millar de viviendas repartidas a lo largo y ancho del término municipal chiclanero, cuyos expedientes sancionadores exigen la restauración de la legalidad urbanística, es decir, la eliminación de la construcción y la vuelta al estado original de la parcela en cuestión.

Prácticamente a diario el Boletín Oficial de la Provincia publica notificaciones de expedientes sancionadores. Se estima que en los últimos años se han incoado más de 2.000. Y muchos de ellos no tendrán otra salida que la demolición. Nada ni nada parece poder parar este destino, toda vez que muchos de los inmuebles se han edificado en zonas verdes, cauces de arroyos y espacios protegidos.

En los últimos meses el Partido Vecinal está siendo la formación más crítica con la labor del delegado de Urbanismo, Andrés Núñez. El PVRE considera que la «juventud, desconocimiento y falta de experiencia» del edil del PP podría provocar graves consecuencias en una materia «tan importante» como es el urbanismo local.

Desde esta formación surgida al amparo del movimiento de viviendas irregulares se asegura que el gobierno municipal «lo que quiere es institucionalizar las sanciones, no tener en cuenta en base a qué norma o principios se impusieron, o si una buena parte, son nulas como consecuencia de los planes generales anulados». Además, el PVRE se pregunta «qué se hará con zonas como Los Llanos, Pago Melilla, El Sotillo, y otros muchos lugares que da la impresión que nunca han existido». Casas del pinar de La Espartosa o Pago Caulina siguen bajo el acecho de la piqueta. Nadie habla abiertamente de demoliciones. Los políticos abogan por regularizar «todo lo posible», pero es vox populi que algunas más tendrán que caer. De momento, la orden judicial obligó al derribo de Villa Celeste en Pago Melilla y de una unifamiliar en Majada de los Chivos, además de las diez viviendas de Majadillas.