ESTADO DE EMERGENCIA

La provincia de Cádiz ha vuelto a ser la de mayor paro de España, con una tasa del 35,33%, ni más ni menos que cuatro puntos más que la andaluza y casi trece por encima de la española que, a su vez, es la mayor de Europa, incluso que la de Grecia, cuyo último dato era del 18,8. Tenemos 24.100 parados más que en el cuarto trimestre de 2010, un total de 201.800 personas, lo que supone otro triste récord: por primera vez desde que se elabora esta estadística hemos superado la barrera de los 200.000. Cada día del año que termina se han destruido en la provincia 48 puestos de trabajo, 17.700 en total. Y aún más: 73.900 hogares gaditanos tiene a todos sus miembros en paro. Los datos de la Encuesta de Población Activa conocidos el martes dan ganas de llorar o de gritar, cuando además comprobamos que no se atisban soluciones y que nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha servido. El espejismo del ladrillo se esfumó y no ha quedado rastro, ni siquiera una diversificación en la actividad económica, la búsqueda o desarrollo de nuevos sectores o una población formada y con iniciativa empresarial, pujante. Las políticas de empleo desarrolladas hasta ahora han sido un completo fiasco, con cursos de inserción que no han servido para nada y con cantidades ingentes de dinero malgastadas, cuando no defraudadas como tan escandalosamente se está viendo cada día en sumarios judiciales.

No basta ya con declaraciones, planes, buenas intenciones ni siquiera con críticas al rival político: esto es una absoluta emergencia, porque las prospectivas de los organismos más solventes hacen pensar que lejos de mejorar, el paro seguirá empeorando, las empresas que quedan, quebrando, el grifo del crédito se mantendrá cerrado, que comenzarán las protestas callejeras y que la pobreza alcanzará cifras nunca vistas. Las Ongs, desbordadas ahora, lanzan un grito de auxilio. Hay que escucharlo y atenderlo, sin dejar de exigir soluciones a la política. Pero ya.