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Editorial

Obligaciones autonómicas

El rigor con el gasto público debe combinarse con una regulación del sector financiero

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El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Estabilidad Presupuestaria, que traslada la normativa europea al ámbito interno del Estado y que obligará a todas las administraciones públicas -central, autonómicas y municipales- a alcanzar el déficit cero en el año 2020. La norma que va al Parlamento para su tramitación desarrolla y endurece el pacto PP-PSOE que hizo posible la reforma del art. 135CE, ya que el límite del déficit estructural que entonces se consideró, del 0,4% del PIB, solo podrá registrarse cuando las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos a largo plazo o en situaciones excepcionales como catástrofes o recesión económica. Fuera de estas emergencias, el límite máximo del déficit estructural será del 0,2% del PIB. La norma traslada a la legislación ordinaria el principio, ya incluido en la citada reforma constitucional, de que el pago de la deuda y sus intereses tendrá preferencia con respecto a cualquier otro gasto. Además, limita el crecimiento anual del gasto público a la previsión de crecimiento del PIB. Lo políticamente más relevante de la nueva normativa es la obligación de que se impone a comunidades y ayuntamientos informar con anticipación de su presupuesto, así como la capacidad que se otorga al Ministerio de Hacienda para inspeccionar in situ las cuentas públicas y para imponer sanciones del 0,2% de PIB. Montoro ha precisado que las inspecciones no serán una «intervención» que pueda lesionar la autonomía fiscal, también constitucionalmente protegida. Este aparato normativo impuesto por Alemania fortalece sin duda al Eurogrupo y a la moneda única pero no tendría plena operatividad si no se embridase también, al mismo tiempo, al sistema financiero, cuyos excesos han sido los causantes de la gran recesión y de las burbujas que han estallado con ella. En otras palabras, el control del sector público mediante el rigor presupuestario ha de combinarse con una regulación cabal del sector financiero que imposibilite los excesos que nos han traído a la penosa situación actual.