Europa no debe ratificar el acuerdo con Marruecos

Los agricultores y agricultoras de la Unión Europea somos los productores del mundo que más requisitos medioambientales, laborales y sociales hemos de cumplir. Y estamos orgullosos de ello. Estamos orgullosos de que nuestras frutas y hortalizas puedan considerarse como las más seguras del mundo desde el punto de vista sanitario y las más responsables desde el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores de las explotaciones y del impacto sobre el medio ambiente. Además nos esforzamos inagotablemente por seguir reduciendo el uso de fitosanitarios y mejorando la calidad de los productos que ofrecemos a los consumidores.

Sin embargo, de orgullo no podemos vivir. Cuando nuestras producciones se dirigen al mercado europeo tienen que competir con importaciones de terceros países que no cumplen las mismas condiciones de producción. Nuestra rentabilidad se ve afectada y las garantías para los consumidores, vulneradas. No competimos en igualdad de condiciones. Si además dichas importaciones han ingresado en el mercado comunitario sin cumplir los requisitos aduaneros establecidos, en cuanto a contingentes, precios de entrada, calendarios, etc., los agricultores tenemos que hacer frente a una competencia desleal y el contribuyente europeo deja de percibir los ingresos aduaneros correspondientes además de poner en riesgo su seguridad alimentaria.

En estos momentos está en cuestión la ratificación del acuerdo UE Marruecos, cuya nueva versión supone prácticamente la liberalización de la exportación marroquí a los mercados europeos, erosionando seriamente la protección arancelaria para nuestras producciones. El texto liberaliza el comercio de todos los productos agroalimentarios, excepto de aquellos considerados sensibles, que en el caso de la UE son tomate, pepino, fresa, clementina, ajo, calabacín y azúcar. Para éstos, se contempla un considerable incremento de los contingentes, como por ejemplo en el caso del tomate marroquí, que pasaría de las 233.000 toneladas anuales a las 285.000 toneladas en 2014. El del calabacín ascendería de las 25.000 a las 50.000 toneladas y el de pepino, de 5.600 a 15.000. Si a ello le sumamos que se liberalizan productos como la naranja, el melón, la sandía o el pimiento y que se abaratan un 30% los precios de entrada de estos productos se entiende bien que el acuerdo es inasumible para el sector. El acuerdo es un ataque frontal para cultivos que son estratégicos en determinadas zonas, como la fresa de Huelva, o que pueden ser la única alternativa para áreas con producciones especialmente castigadas.

Esta situación tendría consecuencias nefastas y comprometería el presente y futuro de nuestros agricultores, sus cooperativas y empresas. Todo ello, para beneficiar a determinadas empresas agroexportadoras y de distribución europeas. Desde COAG consideramos que la agricultura mediterránea no puede seguir siendo moneda de cambio para abrir nuevos mercados. Si Europa quiere hacerlo que lo haga con la agricultura continental, la que controlan las potencias centroeuropeas.

Cabe recordar que Marruecos ha vulnerado en múltiples ocasiones el marco comercial actual, situación que no se subsanaría con el nuevo acuerdo sino que se agravaría. En este sentido, es urgente y necesario potenciar y coordinar los controles aduaneros antes de realizar cualquier avance en el proceso de liberalización comercial. Ya es hora de que el sistema de precios de entrada sea eficaz y no un coladero para las importaciones. Todo ello, sin hablar del incumplimiento de la legalidad internacional que supone incorporar al acuerdo a los territorios del Sáhara Occidental.

Pero además COAG viene reclamando desde hace décadas la introducción de criterios y cláusulas en los acuerdos comerciales con países terceros que permitan verificar el impacto de la apertura comercial para ambas partes, con el objeto de comprobar el cumplimiento del fin último de la política exterior comunitaria: que se produzcan avances en materia de respeto al medioambiente, en los derechos laborales y -sobre todo- en el desarrollo económico y social de la población local y, por tanto, no sólo de las grandes corporaciones locales o extranjeras. En este sentido, resulta imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los terceros países.

Hoy se vota en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo el informe elaborado por el eurodiputado José Bové, que solicita el voto negativo a la ratificación del Acuerdo. Ya en el pasado mes de julio la Comisión de Agricultura de la Eurocámara rechazó la ratificación del texto destacando como «preocupante» la falta de capacidad del sistema comunitario para supervisar y hacer cumplir los calendarios y contingentes arancelarios a las importaciones de Marruecos, así como la ausencia de reciprocidad entre los productos europeos y marroquíes en materia de exigencias fitosanitarias para los agricultores, protección del medio ambiente, condiciones de los trabajadores, protección sindical, legislación antidumping y seguridad alimentaria. Asimismo, la Comisión se hacía eco de la falta de transparencia del Acuerdo respecto a los territorios del Sahara Occidental.

Ese voto negativo que debe repetirse hoy y también el próximo 15 de febrero, cuando el Pleno de la Eurocámara tome la decisión definitiva.

Nuestro sector de frutas y hortalizas mueve 5.300 millones de euros, de los cuales 2.700 corresponden a exportaciones, y genera más de 350.000 empleos. Es la mayor fábrica de Andalucía y no nos podemos permitir el lujo de dar un paso atrás y mucho menos desmantelarla.