Defensa dará la nacionalidad a los extranjeros que lleven dos años en el Ejército

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, explicó ayer en el Congreso que tiene la intención de cumplir con la promesa electoral del PP de conceder la nacionalidad española a todos los extranjeros que hayan servido más de dos años en las Fuerzas Armadas.

La medida formará parte de la reforma de la ley de Tropa y Marinería y la previsión es que la concesión sea automática para todo el que lo solicite y reúna el requisito. Morenés dijo que es el mínimo reconocimiento que se debe a quien «se ha arriesgado al servicio de España».

El ministro desconocía a cuántos extranjeros podría beneficiar la reforma. Las últimas cifras publicadas sobre la composición de las Fuerzas Armadas indican que casi un 6% de los 82.875 soldados de tropa y marinería son extranjeros, lo que hace un año sumaba 4.725 personas, 762 de ellas mujeres.

Todos los extranjeros alistados en el Ejército y la Marina son naturales de países iberoamericanos -de forma muy especial de Colombia y Ecuador- y casi 300 de estos soldados forman parte de los contingentes desplazados en misiones de paz internacionales. Hasta el momento, sus posibilidades de obtener la nacionalidad son iguales a las de cualquier otro trabajador inmigrante, que además de tener que acreditar un período temporal de residencia más amplio necesita cumplir con otra serie de requisitos que demoran mucho e incluso a veces imposibilitan la concesión.

Morenés, en una comparecencia en la que presentó las grandes líneas de su proyecto para la legislatura, explicó que revisa todo el despliegue de militares españoles en el mundo para determinar qué misiones es preciso prorrogar y en qué condiciones, si requieren modificaciones, o si hay que cancelar alguna.

El ministro no profundizó en este aspecto, que prometió abordar dentro de unas semanas durante una comparecencia monográfica en la que explicará sus conclusiones. Lo que sí explicó es por qué el inicio de la retirada española de Afganistán, prevista para este trimestre, no comenzará hasta el otoño. Dijo que así se lo pidieron los aliados de la OTAN ante el peligro de debilitar la seguridad de algunas zonas del país justo al comienzo de la primavera, que es cuando los talibanes centran cada año sus ofensivas. Señaló que la decisión se tomó después de comprobar que las tropas gozan en sus ubicaciones de unos parámetros de seguridad razonables, pese a ser la operación más peligrosa en que participa España. «Es una misión de paz, pero un escenario bélico, de guerra», reconoció, porque quiere desterrar «los eufemismos». Añadió que la continuidad de la misión del Líbano se discute ahora en la ONU y que la seguridad de los pesqueros en el Océano Índico seguirá en manos de agentes privados asesorados por el Ejército.

Un plan a 15 años

El ministro aseguró que todo su equipo, encabezado por el jefe del Estado Mayor, está en un proceso de análisis de la estructura, organización, funciones, objetivos y costes de las Fuerzas Armadas de cara los próximos 15 años, de donde saldrán las conclusiones para redimensionar y reestructurar los ejércitos y acordar los ajustes de sus gastos e inversiones.

En cualquier caso, adelantó que los criterios en que se basará serán la austeridad, la mejora de la gestión y la eficiencia de las estructuras, para asegurar las Fuerzas Armadas que España puede pagar, garantizar sus exigencias mínimas de seguridad, y permitir cumplir con sus compromisos internacionales en un momento de crisis económica.

Morenés recordó que los ajustes no pueden ser muy duros ya que España «gasta poco en Defensa» y comentó que una parte importante de este plan serán la renegociación, cambios y recortes que habrá que hacer en el programa de grandes compras de tecnología y armamento del ministerio. Su coste de financiación actual, en el que hay que satisfacer más de 27.000 millones hasta 2025, reconoció que es «excesivo». No obstante, indicó que los cambios deben hacerse con «prudencia» porque no solo hay que garantizar los medios necesarios para la seguridad sino también la continuidad de la industria de defensa española, que da empleo a más de 30.000 personas «de altísimo nivel» y es vital para el país.

El ministro indicó que el Gobierno terminará de negociar y pondrá en marcha la participación española en el «escudo antimisiles» de la OTAN y que el límite a cualquier ajuste al que obligue la crisis será garantizar la seguridad de las tropas en misiones internacionales.