La Fiscalía General no ve motivos para investigar a la infanta Cristina

Primero la Fiscalía de Baleares y ahora la Fiscalía General del Estado han rechazado investigar a la infanta Cristina por sus posibles vínculos con el entramado empresarial de su marido, Iñaki Urdangarin, imputado por el juez de Mallorca José Castro, que instruye el 'caso Palma Arena'.

El Ministerio Público respondió ayer que hasta la fecha no ha quedado demostrado que la hija del Rey tuviera un papel central en una de las empresas investigadas, Aizoon, de la que es copropietaria, tal y como expuso el abogado que presentó el viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La denuncia se refería a la responsabilidad directiva de Cristina de Borbón en Aizoon y su relación con unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por dicha sociedad, según señala un correo electrónico obrante en el sumario en el que está imputado su marido.

En ese correo, el duque de Palma y otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la infanta y a la dificultad de que estas sean «justificadas por gastos de Aizoon, resarciéndose del gasto originado, con posterioridad, 'desde la caja'». Para el denunciante, el letrado Fernando Pamos, los hechos atribuidos a la Infanta podrían constituir delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil. Por todo ello reclamaba la incoación de diligencia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en pieza aparte.

Sin embargo, la Fiscalía General respondió que «la hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción» pues se basa exclusivamente en «informaciones periodísticas» y «no contiene un relato de los hechos» que permitan investigar a la hija del Rey.

«En ningún momento se describe una conducta de aquella que resulte incardinable en ningún tipo penal. La denuncia no se acompaña de la más mínima concreción acerca de ninguna forma de participación o intervención» en ninguna de las actuaciones presuntamente irregulares, asegura el Ministerio Público.

En la denuncia, de ocho páginas, el abogado solicitó a la Fiscalía General que «desempeñe su preponderante papel igualando a todos los españoles» ante la ley y se califica de «imposible» que la Infanta «no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (...) como para acumular semejante patrimonio».