Gallardón anuncia una batería de reformas para la Justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy una reforma con mayúsculas en el ámbito judicial. Su intención es emprender seis nuevos proyectos legislativos de gran calado a lo largo de esta legislatura y reformar de varias leyes para aplicar, entre otras novedades, la pena de "prisión permanente revisable", la celebración de juicios conjuntos en el caso de menores que cometan delitos graves junto a adultos, la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, así como la reforma de la Ley del Aborto para que las menores que aborten tengan el consentimiento de los padres.

Uno de los primeros anuncios que ha realizado ha sido el de una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar. Al respecto, ha recordado que la actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

Otro de los aspectos que ha tratado durante su comparecencia han sido los que tienen que ver con la Ley del Menor. La pretensión del Ejecutivo, en este sentido, es que en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos. Por eso, ha querido dejar claro la reforma no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor.

Además, el ministro ha avanzado la posible instauración de la segunda instancia penal y de la "pena de prisión revisable", en la línea de la que existe en otros países europeos, configurada como medida "excepcional" para supuestos muy restringidos y que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social; así como de cambios para enfrentar el problema de la multirreincidencia. "No estamos hablando de ninguna de las formas de una prolongación de penas privativas de libertad y quiero insistir en que ese carácter revisable será compatible con la reinserción del preso", ha apuntado el ministro.

Exceso de litigiosidad

Por otro lado, Ruiz-Gallardón ha situado el "exceso de litigiosidad" como uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia, y más en el momento de crisis actual, ha señalado la necesidad de trabajar en la mejora de la eficiencia para "evitar abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera y que estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos.

En definitiva, Gallardón ha realizado una intervención cargada de contenido, donde ha expuesto las líneas generales de su política para los próximos cuatro años, que partirán de una "regeneración democrática" de las altas instituciones para acabar con la imagen de "politización" que es la causante de su desprestigio entre los ciudadanos. En este sentido, tiene previsto la presentación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que 12 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial pasen a ser elegidos por los jueces, mientras que ha advertido que los ocho restantes "no pueden ser objeto de intercambio político", sino fruto del consenso entre los diferentes grupos parlamentarios.