El Consistorio pedirá a la Junta que cambie la LOUA para evitar derribos

Lo que faltaba por oír de un delegado municipal de Urbanismo de Chiclana se escuchó ayer. Según explicó el responsable de la Gerencia local, Andrés Núñez, la actual normativa autonómica conocida como Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), «es injusta», puesto que a su entender «castiga doblemente a los propietarios de las viviendas en situación irregular en Chiclana».

Esta afirmación del responsable público local que debe dirigir el proceso de legalización más de 15.000 casas edificadas sin control en los últimos años en el término chiclanero no es baladí, ni caerá a buen seguro en saco roto. De hecho, Andrés Núñez (PP) va más allá, y aseguró ayer que el Ayuntamiento pedirá a la Junta una modificación de esta legislación para no castigar dos veces a los infractores.

Hay que recordar que la actual LOUA contempla dos procesos administrativos independientes. El primero tiene carácter sancionador y se traduce en una multa económica derivada de la construcción irregular, mientras que el segundo tiene por objetivo el derribo de dicha construcción como medio de protección de la legalidad.

Según Núñez, «en la localidad más del 50% de las viviendas se encuentran en situación irregular, por lo que este problema no es solo urbanístico ni jurídico, sino social.

La propuesta del Consistorio chiclanero es sencilla. Se pedirá a la Junta que se elimine una de las dos sanciones siempre que la otra se ejecute, «de forma que a los vecinos que abonen la multa el derribo quede sin efecto y viceversa».

Multas «muy elevadas»

Asimismo, el edil de Urbanismo de Chiclana considera que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía actualmente en vigor contempla multas económicas «muy elevadas», que superan «con creces» los costes reales de una construcción irregular; ello llevaría a su juicio a que muchas familias paguen por triplicado, «ya que a la sanción económica y al derribo se une el pago de la hipoteca que firmó para construir su casa», explica.

Desde el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular se considera que «nos vemos en la obligación de dotar de todas las soluciones y medidas posibles para paliar la situación de las familias que padecen este problema social».

Fuentes municipales explican además que la medida propuesta por el Consistorio «es compatible con el espíritu de disuasión de construcción irregular que este equipo de gobierno ha llevado a cabo desde el primer día». Repartidas por todo el término municipal hay más de 15.000 casas ilegales. La mayoría de ellas tiene más de cuatro años de antigüedad y es autoconstruida.