Fachada del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz. :: ÓSCAR CHAMORRO
Ciudadanos

Aumentan las multas por fraude a la Seguridad Social en la provincia

El importe de las sanciones impuestas en el primer semestre de 2011 supera al registrado durante todo el año 2009

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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La picaresca para salvar los escollos económicos se está convirtiendo en una técnica bastante recurrida para muchos empresarios y trabajadores gaditanos. Cuando hay que sortear una etapa como la que nos está tocando vivir, son muchos los que se agarran a un clavo ardiendo y aceptan cualquier puesto de trabajo que pueda aliviar sus apuros financieros o hasta hay quien se atreve a burlar a las administraciones.

Hasta tal punto llega la desesperación, que muchos aceptan trabajos que no cumplen con las exigencias legales o que no les asegura el alta en la Seguridad Social. En este sentido, la Inspección de Trabajo juega un papel clave en el destape de este tipo de fraudes. Los datos estadísticos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desvela el aumento de las sanciones aplicadas en la provincia por sus inspectores tras descubrir alguna irregularidad.

En concreto, si en el año 2009 se registraron infracciones por el valor de 3,9 millones de euros, en el 2010 la cifra creció hasta los 5,2 millones. Y la tendencia parece que es al alza, ya que durante el pasado año 2011, solo en el primer semestre (últimos datos publicados), ya se habían contabilizado multas por 4,2 millones de euros. En cuanto a la cantidad de infracciones impuestas, en el 2010 fueron 2.561 de 33.401 actuaciones; en solo seis meses de 2011 se aplicaron 1.473 a un total de 5.587 trabajadores en 16.478 intervenciones. Esto quiere decir que, haciendo una media, durante el pasado año los inspectores de trabajo han multado a 245 empresas cada mes.

Para el secretario de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Manuel Campoy, estas cifras no son más que el reflejo del correcto funcionamiento de la Inspección de Trabajo, aunque «todavía presentan muchas deficiencias», y de que «cada vez hay más fraudes que están saliendo a la luz. Estas conductas hay que castigarlas para que cunda el ejemplo». Según Campoy, la crisis ha propiciado que muchos empresarios «aprovechen la coyuntura para tener a trabajadores sin contratar o para bajar los salarios de forma ilegal». Al representante sindical le agrada saber que «se persigue muy de cerca el fraude en esta provincia tan castigada por el paro».

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estafas cada vez están más castigadas, ya que un reciente real decreto publicado en el pasado mes de abril establece un aumento de las cuantías de las sanciones por falta de altas en la Seguridad Social.

Desde principio del pasado año y hasta junio se realizaron un total de 5.714 visitas a distintas empresas, de las cuales, un 25,8% (1.473 concretamente) terminaron levantando acta por infracción y en 1.452 ocasiones se aplicó un requerimiento o un acta de advertencia al detectarse irregularidades que provocasen algún perjuicio directo sobre el trabajador.

La mitad de las actividades sancionadoras, 755 de ellas, o lo que es lo mismo, el 51% se debe a fraudes contra la Seguridad Social, como altas ficticias, compatibilizaciones indebidas de prestaciones con el trabajo por cuenta propia o ajena o incrementos injustificados de las bases de cotización. En este aspecto, las multas ascendieron a algo más de un millón de euros.

Esta medida de control ha permitido, además, que 89 trabajadores al mes hayan logrado un contrato indefinido después de destapar una ausencia de contrato u otras ilegalidades. Otra gran parte de las infracciones en acta, el 21,9%, fue motivada por la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros sin la preceptiva autorización o por trabajar en condiciones abusivas, y por conductas de economía irregular. El resto de las conductas que han llegado a ser sancionadas están relacionadas con la seguridad y la salud laboral (249 multas por un importe de 651,066 euros) o con controles de jornadas laborales, descansos, salarios y otros derechos del trabajador (105 multas). En este sentido, de enero a junio de 2011 se paralizaron seis obras por riesgo inminente, a la vez que se hicieron 37 propuestas de recargo a la Seguridad Social por diversas causas.

En cuanto a los requerimientos de ese mismo periodo, se realizaron 1.452, la gran mayoría (1.043) por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. Otros 306 requerimientos se hicieron por motivos de relaciones laborales (jornadas, salarios, descansos, vacaciones etc.). Hasta 91, por incumplimientos a la Seguridad Social y seis por empleo y extranjería.

Andalucía, la más controlada

Haciendo una comparativa con el resto de las provincias andaluzas, Cádiz es la tercera con el mayor número tanto de visitas de inspectores como de actuaciones realizadas, por debajo de Sevilla y Málaga y por encima de otras ciudades más grandes como Granada o Córdoba.

Sin embargo, es curioso ver como en provincias como Málaga no solo han aumentado las sanciones, sino también el número de infracciones sancionadas por los inspectores de trabajo. Cosa que no ha ocurrido en Cádiz, que aún habiéndose mantenido el número de visitas de Inspección sí ha crecido considerablemente la cuantía de las infracciones.

A nivel andaluz, hay que destacar que es la comunidad autónoma donde más visitas se han registrado y con diferencia: 36.270 en solo el primer semestre de 2011.

En estas visitas, se aplicaron 6.420 multas por el valor de 21,3 millones de euros, mientras que en 2010 la cifra alcanzó los 40,2 millones de euros. Hasta 70.985 visitas se contabilizaron en ese año con casi 20.000 infracciones. Solo queda esperar a la actualización de las estadísticas para conocer los datos del pasado año completo, aunque la tendencia es a aumentar tanto en número de controles como el de multas por fraude.