Arenas pide la mayoría absoluta para evitar un pacto de PSOE-IU

El PP andaluz ya no se conforma con ser el partido más votado, porque ha sufrido en carnes propias lo que supone perder importantes alcaldías ante las coaliciones de gobierno. Ahora, con el aval de los últimos sondeos electorales, van a por el más difícil todavía: conseguir en una comunidad que siempre ha votado PSOE una "mayoría amplia" que cierre el paso a un pacto entre esta formación e IU. A eso apelaba ayer el líder de los 'populares' andaluces, Javier Arenas, que dio el pistoletazo de salida a la precampaña con la presentación en Sevilla de los cabezas de lista de su partido a las elecciones autonómicas de marzo, un acto que tuvo que ser aplazado la semana pasada por el fallecmiento de Manuel Fraga.

Sabe que las encuestas les son favorables -aunque en la última los socialistas han recortado la ventaja a nueve puntos- y por eso no han dudado en presentar a cinco alcaldes en los primeros puestos pese a que la ley regional aprobada el pasado mes de diciembre hace que se trate de un cargo incompatible con el de parlamentario. Los 'populares' creen que la ley es "injusta, arbitraria" y sin "legitmidad moral" al no haber sido aprobada por consenso, de ahí que esperan que prospere el recurso ante el Tribunal Constitucional que prepara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En cuanto sea admitido a trámite, la norma quedará suspendida y mientras se resuelve o no el recurso, los alcaldes podrán tomar posesión de sus escaños a mediados de abril.

Esta designación demuestra la confianza que tiene el PP en sus posibildades, y sobre todo en el tirón de sus regidores, visto lo visto especialmente en las municipales, cuando consiguieron las ocho capitales de provincia andaluzas y cinco diputaciones provinciales. "Son lo mejor del partido", dijo, "y a ninguno hay que presentarlo por su provincia". Durante su intervención, Arenas subrayó que hasta las autonómicas del 25 de marzo quedan por delante dos meses muy difíciles y animó a sus candidatos a trabajar para obtener "la responsabilidad" del Gobierno con una estrategia basada en "mucha calle, mucho escuchar y mucho proponer".

Abogó además por intentar conseguir una mayoría suficiente y "reformista", que trabaje con el solo objetivo de hacer "desaparecer la desigualdad de oportunidades y la brecha social que tenemos", que a su juicio es "la más importante de la democracia". El líder del PP-A prometió un cambio "tranquilo" y "sin resentimientos ni radicalismos", y advirtió que "no le va a temblar el pulso" para adoptar medidas que "serán buenas si sirven para crear empleo", lo que abre la puerta a continuar la senda de recortes iniciada por el Gobierno central.

Evidentemente, gran parte de su discurso estuvo referido a la situación económica, y adelantó que apoyará "con entusiasmo" leyes que supongan un control del gasto y mayor transparencia y que contribuyan al "equilibrio presupuestario". También se mostró firme defensor de normas que permitan reducir el déficit en ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades.

Situación financiera de Andalucía

Arenas se refirió entonces a la polémica sobre la situación financiera de Andalucía, y recordó que hasta en cuatro ocasiones ha pedido, sin éxito, que el Parlamento autonómico cree una comisión para conocer las cuentas. Lamentó entonces que se confundan las críticas sobre la política económica de la Junta y del PSOE con ataques a la región, más cuando "ningún Gobierno se ha portado con Andalucía como el de Mariano Rajoy".

En este punto, tachó de "desastrosa" la gestión de José Antonio Griñán, "un calco de la de Zapatero", y enumeró problemas "que no admiten discusión", como que la deuda andaluza se haya "triplicado en los últimos tres años", o la "extraordinaria" bajada de la inversión mientras el gasto corriente era lo único que crecía. "Lo que de verdad ha dañado a Andalucía en su historia económica ha sido el escándalo de los ERE, que se despilfarren mil millones de euros con nocturnidad, a oscuras sin ningún tipo de control", apostilló.

En la misma línea, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, defendía su propuesta, lanzada esta semana, de sancionar penalmente la mala gestión pública, y abogaba por impedir que en España "tengamos gestores que con su actitud conducen a la ruina de todos y especialmente a la frustración de los más jóvenes". Montoro volvía a cargar contra la "opacidad" de las cuentas andaluzas y "la cola pendiente de proveedores", y ponía a la comunidad de ejemplo de lo que "hay que impedir por ley".