¿Cómo sancionar a los malos gestores?

Primero lo prioritario y luego todo lo demás. Mariano Rajoy, pese a que se trata de un tema de gran proyección social, ha rebajado la urgencia de cómo sancionar a los cargos políticos que gestionen de manera inadecuada los fondos públicos. De hecho, no incluirá el listado de obligaciones de estos gestores en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino en la de Transparencia y Buen Gobierno. La diferencia es crucial, porque mientras la primera se aprobará en este primer trimestre del año, la segunda no tiene una fecha límite. El presidente del Gobierno es consciente de que tiene que afinar mucho, porque la malversación de caudales públicos y la prevaricación ya existen en el Código Penal. Lo que el Ejecutivo quiere castigar ahora no tiene cabida en estas figuras penales, porque se trata de sancionar a todo aquel que apruebe un gasto que no tenga soporte presupuestario o que incumpla con los techos de gasto y endeudamiento de una administración. Los gobiernos que se salten esa norma podrían ser castigados, a título colectivo, a no recibir ninguna clase de anticipo del tesorería por parte del Estado. La cuestión aún por resolver es qué hacer con los políticos.