Golpe al pirateo en la Red

El golpe asestado por el FBI a Megaupload, la gran compañía de descargas en Internet, es una muestra clara de la voluntad de la primera potencia por poner coto a la vulneración de los derechos de los creadores. Una práctica fraudulenta que amenaza a la supervivencia de las industrias culturales y de sus protagonistas. La acción de la la policía federal se produce poco después de que el Congreso de EE UU renunciara a tramitar la nueva normativa antipirateo hasta después de las elecciones presidenciales. Megaupload era, según la demanda penal, el centro de una especie de Al Qaida de las descargas, una «organización criminal mundial dedicada a infringir la propiedad intelectual y a lavar dinero a escala masiva», y en la que estarían incluidas varias de las páginas más populares entre los internautas españoles que descargan y visionan películas como Series Yonkis y Taringa, que de momento no están imputadas. La actuación judicial, por ahora, no alcanza al pirateo en sí, sino a los intermediarios que se lucran de él, cobrando por el acceso o asociándolo con publicidad. Es ahí donde debe centrarse la acción judicial y es también el sentido de la ley Sinde, que está a punto de entrar en vigor en España. El delito que se persigue en estos casos es parecido al de receptación, y que consiste en aprovecharse de la defraudación ajena en beneficio propio. Quien haya conocido Megaupload sabe que no tiene mucho sentido protestar por el hipotético atentado a la privacidad que supone la confiscación de datos personales allí almacenados; en cualquier caso, se anuncia un alud de demandas, que probablemente se estrellen con la ley norteamericana. Y quien esté familiarizado con Internet entenderá la dificultad que implica frenar la piratería, un designio que por fuerza ha de compararse al de poner puertas al campo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, en democracia, libertad no es anarquía sino estado de derecho. Los Estados tienen la obligación de reprimir, primero, los abusos de quienes se lucran de violar derechos ajenos, para centrarse, después, en la protección más sutil y compleja de los derechos inherentes a la creación, que forman parte de la riqueza cultural de los pueblos.