La vicepresidenta rectifica a Montoro y confirma que España cumplirá con el déficit

Soraya Sáenz de Santamaría demostró ayer que no le tiembla el puso a la hora de rectificar a pesos pesados del Gobierno. La vicepresidenta rechazó de un plumazo las dudas que expresó el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un periódico alemán sobre si España podrá cumplir con el objetivo de reducir el déficit. «El Gobierno tiene la intención, voluntad y determinación de cumplir con el objetivo de reducción del déficit», repitió hasta en tres ocasiones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer.

Y no fue el único ministro 'matizado'. La lugarteniente de Mariano Rajoy también negó que el Ejecutivo haya decidido que sólo quiere una única modalidad de contrato laboral, como adelantó el titular de Economía, Luis de Guindos. Una posibilidad que ya rechazó Rajoy en campaña electoral. Sáenz de Santamaría explicó que la intención del Ejecutivo es «simplificar» la contratación, pero sin concretar. Lamentó que, tras las dos reformas aprobadas por el Gobierno socialista -el PP se abstuvo en la votación de ambas normas-, solo exista en la actualidad «la concatenación indefinida de temporales».

La vicepresidenta dejó claro que los galones que le impuso Rajoy no son decorativos. Evitó desmentir abiertamente a sus compañeros de Gabinete, pero dejó claro que ella no informa sobre «interpretaciones», sino que fija la postura del Gobierno mediante las resoluciones del Consejo de Ministros.

España se ha comprometido ante el resto de socios de la Unión Europea a reducir los números rojos del Estado hasta el 4,4% del PIB en 2012 y al 3%, en 2013. Un cumplimiento que Rajoy adelantó que se lograría «por encima de todo» y que Sáenz de Santamaría calificó de «medida clave e imprescindible para poder generar empleo». Un rango que también otorga a las reformas que ultima el Gobierno para «dinamizar la economía y posibilitar la creación de puestos de trabajo».

Los periodistas trasladaron a la número dos del Gobierno las dudas que puede generar el cruce de declaraciones aparentemente improvisadas entre los dos miembros más relevantes del núcleo económico del Ejecutivo en un momento tan convulso. Desde Moncloa niegan la improvisación y enfatizan que el Gobierno ni siquiera ha cumplido un mes desde que fue nombrado por el presidente Rajoy.

Más explícita se mostró a la hora de valorar las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auguran dos años más de recesión económica en España (2012-2013). La vicepresidenta advirtió de que «no nos vamos a resignar a la fatalidad de estas previsiones» y que el Gobierno adoptará más medidas de ajuste y emprenderá más reformas estructurales para luchar contra los «malos datos» con más «rigor y esfuerzo».

Sin embargo, recordó que Mariano Rajoy anunció en su investidura que los cuadros macroeconómicos de los Presupuestos Generales para 2012 se guiarán por las previsiones de crecimiento que fije la Comisión Europea.

Agencias y mercados

También rebajó la importancia sobre los anuncios de las agencias de calificación como Standard & Poor's, que el jueves situó la deuda española al nivel del «bono basura», aunque posteriormente rectificó. Sáenz de Santamaría se limitó a reseñar que el Gobierno «está atento» a la calificación que otorgan estas empresas, pero que le interesa más «la calificación real que los mercados hacen cuando el Gobierno busca colocar deuda pública» que, a su juicio, han deparado buenos resultados.

El Gobierno tiene otro frente abierto a las múltiples interpretaciones: las posibles responsabilidades penales a los gestores públicos.

La vicepresidenta, de entrada, rebajó la urgencia que el Ejecutivo otorga a esta cuestión, ya que no se incluirá en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se aprobará antes de que finalice el primer trimestre del año, sino que formará parte de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que carece de fecha para su puesta en funcionamiento.

Asimismo, advirtió de que antes de conocer el régimen sancionador, se establecerá un conjunto de obligaciones legales para estos gestores. Solo en caso de «dolo acreditado» o gran culpa habrá «una reacción desde el punto de vista penal» contra presidentes o consejeros autonómicos o alcaldes y concejales, entre otros. La vicepresidenta insinuó que, sin desechar las penas de prisión, lo más adecuado sería las de inhabilitación para el cargo público.