¿No será el Supremo el que esté prevaricando?

La imagen del juez Garzón sentado en el banquillo como presunto prevaricador, por haber autorizado la grabación de las conversaciones entre acusados y abogados de la trama Gürtel, constituye una afrenta al Estado de Derecho. El auto del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2010, que le acusó de ese delito, puede dormir en los anales de la jurisprudencia como ejemplo del sinsentido, porque en él se reconoce que la norma reguladora de esa autorización es «farragosa, contradictoria y zigzagueante» y que se caracteriza por ser «opaca y laberíntica», es decir, una auténtica chapuza jurídica que el juez Garzón interpretó como buenamente pudo; por cierto, en sintonía con la opinión del Ministerio Fiscal, que es el garante de la legalidad en nuestro país según la Constitución. ¿Dónde está la prevaricación? Para que existiera, Garzón debía conocer la ilegalidad de su resolución, pero ¿no habíamos quedado en que la norma es en sí misma «laberíntica»? ¿No ha interpretado el Ministerio Fiscal esa norma exactamente igual que Garzón? ¿También ha «prevaricado»?

El secreto de las comunicaciones está protegido por nuestra Constitución exigiendo la oportuna autorización judicial cuando existan indicios de delito. Si dichas comunicaciones se entablan entre acusado y abogado la protección es mayor, ya que está en juego el derecho de defensa. Por ello, el Tribunal Supremo ha dictado decenas de sentencias en las que considera no conformes a Derecho ciertas grabaciones obtenidas mediante autorización judicial, por incurrir en determinados defectos formales, como la falta de fundamentación suficiente. En esos casos, las grabaciones no son admitidas como prueba y, a veces, ello obliga a absolver a los acusados, incluso de gravísimos delitos, pero nunca se le ha ocurrido al Tribunal Supremo procesar por prevaricación a los jueces que autorizaron las grabaciones.

Hace dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas que han llevado a Baltasar Garzón al banquillo, con su consiguiente eliminación del proceso, lo que ha favorecido objetivamente a los acusados. El asunto debió quedar ahí y no permitir que los implicados en la trama Gürtel utilizaran torticeramente el ordenamiento jurídico para apartar a Garzón de la judicatura.

Por cierto: si el Tribunal Supremo considera que Baltasar Garzón prevaricó por aplicar de una manera discutible una norma legal, ¿no estará incurriendo él en esa misma conducta cuando utiliza el Derecho penal de un modo más que cuestionable?