«Se ha acreditado lo que pasó y no lo que algunos dicen que pasó»

Baltasar Garzón cerró ayer «bastante satisfecho» el primer capítulo de su vía crucis en el Tribunal Supremo. El juez de la Audiencia Nacional, que se enfrenta al final de su carrera judicial, abandonó el alto tribunal con cara cansada, afónico, pero contento con el desarrollo del juicio por las escuchas del 'caso Gürtel'. «Se ha acreditado lo que pasó, no lo que dicen que pasó», aseguró el magistrado. Una vez concluida la vista oral, la sala se reunió para «intercambiar impresiones» y señalar que la sentencia «va para largo», según fuentes judiciales.

Tras tres días de sesiones de mañana y tarde, con un marcado perfil técnico y pocos momentos gloriosos, Garzón se quitó la toga y lanzó el último alegato al tribunal que le juzga. «Es la última vez que hablo ante un Tribunal de Justicia español sobre este asunto», comenzó con tono enigmático. Y es que en caso de condena solo cabría recurso al Tribunal de Estrasburgo. «Llevó 23 años en la Audiencia Nacional, 31 como juez, y les aseguro que todas y cada una de las decisiones [sobre las escuchas] fueron tomadas en cumplimiento de la más estricta legalidad».

A partir de ahí, el juez entró en arena y recordó que en la instrucción del 'caso Gürtel' intentó «conciliar los intereses y derechos fundamentales en juego». «En ningún momento se lesionó el derecho de defensa, sino que se protegió con las resoluciones que dan origen a esta causa. Ahí está la cláusula del auto de 27 de marzo de 2009, en las que se eliminaron las conversaciones de los abogados», defendió.

Instantes después mencionó el quid de su defensa, que no era otro que intervino las conversaciones en prisión «porque tenía la obligación de investigar el delito de blanqueo, ya que los responsables de la organización seguían delinquiendo, según la Policía». Garzón añadió que se expurgaron las conversaciones que comprometían el derecho de defensa y que se hizo «con el conocimiento de la Fiscalía, pero siempre bajo mi control». Posteriormente, el juez criticó las gruesas descalificaciones que le hizo el abogado de Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel'.

Este afirmó que las escuchas fueron una «barbaridad judicial» que «hace temblar los cimientos del Estado de Derecho», y Garzón le contestó con una frase del histórico dirigente socialista alemán Willy Brandt, ya fallecido. «La razón de Estado es excusa de los tiranos y mi única razón es la democrática de los ciudadanos. Abre la puerta de la primera injusticia y dejarás entrar el resto», mencionó.

Con anterioridad, su abogado, Francisco Baena, hizo un alegato muy personal , rayando el ardor judicial, para pedir la absolución de su cliente. Rememoró su situación «singular» en el Supremo, donde tiene otras dos causas abiertas, y dijo que para condenar por prevaricación había que demostrar mala fe. «En este caso la Fiscalía asumió y no rebatió la decisión del juez», defendió.

En la misma línea, la fiscal Pilar Fernández Valcarce estuvo atinada al traer al debate dos casos en los que se permitió escuchar a abogados en prisión sin tratarse de supuestos de terrorismo, el proceso contra el narcotraficante Pablo Vioque y el reciente de Marta del Castillo.

Se hizo, dijo, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal referida a la persecución del delito. «Pese a que el caso juzgado es extraordinario, la orden de las escuchas estaba justificada», aseguró.

Rapapolvo

Antes al juez le cayó un duro rapapolvo de las acusaciones. El abogado querellante, Ignacio Peláez, tachó de «burdo, prevaricador y contrario a derecho» el quehacer de Garzón. Más gráfico, Pablo Rodríguez-Mourullo, defensor de Pablo Crespo, mano derecha de Correa y en la actualidad en prisión, aseguró que el magistrado «es una suerte de Gran Hermano que todo lo oye» y abundó en la grave vulneración de los derechos de la defensa.

Pero el más duro de los tres fue José Antonio Choclán. El abogado de Correa y exmagistrado de la Audiencia Nacional aseguró que Garzón le dio un «cheque en blanco a la Policía para intervenir todas las comunicaciones». Choclán negó además que Correa y Crespo utilizasen a abogados para continuar blanqueando dinero desde la cárcel. El letrado aseguro que la «tesis del blanqueo se ha demostrado errónea», porque los abogados que fueron imputados por esa práctica, Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, vieron cómo el Tribunal Superior de Madrid archivaba posteriormente las actuaciones contra ellos.

Los tres abogados expusieron su informe final al tribunal, en el que mantuvieron sus peticiones de inhabilitación para Garzón de entre 10 y 17 años, respectivamente. Una condena que pondría fin a su carrera judicial.