El Gobierno pretende que el Código Penal castigue a quienes escondan facturas

Flexible con las administraciones responsables e impacable con quienes se tomen a la ligera el rigor presupuestario. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere dejar claro que esa será su máxima. Tras ofrecer el martes a las comunidades autónomas un 'manguerazo' de liquidez sin precedentes, ayer se entregó a la mano dura y advirtió de que el Gobierno hará las reformas legales precisas para poder exigir responsabilidades penales a quienes gasten por encima del presupuesto.

La medida fue ampliamente debatida por los populares durante la elaboración del programa electoral y, aunque de forma vaga, formó parte de las promesas de Mariano Rajoy en los pasados comicios. Lo que aún está por ver es cuánto tardará en concretarse. Llevarla a cabo exigirá una reforma del Código Penal, pero, según explicó Montoro en la cadena Ser, la norma de la que 'colgará' será la eternamente prometida (también por los gobiernos socialistas) Ley de Transparencia y buen Gobierno; un texto que, de momento, según fuentes oficiales, no está entre las prioridades del Ejecutivo.

El ministro dio pocas pistas de cómo se concretará pero en el PP aseguran que en ningún caso se habla de castigar todo tipo de inclumplimientos. Una cosa es que una administración realice de buena fe una previsión de ingresos que circunstancialmente se quede corta y otra, señalan, que los gestores públicos incurran en un exceso de gasto y luego lo camuflen, o sea, que se metan «facturas en el cajón». En el sector privado ese tipo de actuaciones se persiguen como delito de falsedad contable; en el ámbito público, sin embargo, se consienten.

La respuesta de las comunidades autónomas a este órdago no fue ni mucho menos negativa. Claro que la mayoría están en manos del PP. El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Collel, sí lo calificó, en todo caso, de «palabras mayores» y apuntó que él apostaría por mecanismos de control del gasto «más tradicionales». Un planteamiento similar al del PNV.

También el PSOE, por boca del exvicepresidente territorial, Manuel Chaves, puso algunos 'peros' y defendió que las «responsabilidades políticas» se dirimen en el Parlamento. Sin embargo, eludió mostrar una oposición frontal a la espera de que el Ejecutivo concrete su propuesta.

No será, aun así, la única receta del Gobierno para intentar poner las cuentas de la administración en orden. Cristóbal Montoro ya anticipó tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Gobierno quiere que la legislación española refleje el procedimiento de sanciones que se sigue en la Unión Europea para quienes incumplen el pacto fiscal, incluida la intervención de aquellas economías que sean incapaces de financiarse por sí mismas.

Ese engranaje formará parte de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que el Gobierno querría tener lista antes del Consejo Europeo del próximo día 30, para lanzar el mensaje que España cumple sus deberes como el que más. En paralelo a los mensajes de disciplina, aun así, el Gobierno también ha dejado claro que pretende poner las cosas fáciles a aquellas autonomías que prometan ser cumplidoras.

Los dirigentes autonómicos se apresuraron ayer a trasladar la buena nueva a sus parroquias. El más interesado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, que se encuentra en una situación especialmente precaria con la deuda más alta y uno de los déficits más elevados de España. En un pleno extraordinario de Les Corts para convalidar sus últimas medidas de recorte del gasto, Fabra cifró en 420 millones de euros el anticipo que de la liquidación de 2010 acordado en el CPFF y que se hará efectivo a finales de mes.

No será el único cable que le eche el Gobierno. La línea ICO para que las autonomías puedan hacer frente a sus elevadas deudas con los proveedores, pymes y autónomos, estará lista, según el ministro de Hacienda, en dos meses. Lo que aún no se ha estipulado es a cuánto ascenderá el crédito, pero la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que a su sector se le deben cuatro millones de facturas por un importe de 15.000 millones.

Las autonomías, a su vez, tendrán que seguir haciendo grandes esfuerzos para controlar el déficit desbocado. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró ayer que para empezar ya se han comprometido a liquidar notarialmente unas 400 empresas públicas antes de que acabe el año.