NO ES DELITO, ES MAL GOBIERNO

Es un clamor social que hay que exigir responsabilidades a los políticos. En particular, en materia de gasto público, el despilfarro sin rendición de cuentas es una lacra en nuestra historia reciente. Ahora bien, cuando hablamos de pedir cuentas, ¿debemos hacerlo, como propone el Ministro de Hacienda, convirtiendo en penalmente responsables a aquellos gobernantes que generen déficit?

De entrada, habría que aplicar con más contundencia el marco legal vigente. Ayer mismo se publicaba que la Sindicatura de Cuentas catalana ha encontrado indicios de delito en la gestión de un centro creado por el Gobierno autonómico anterior. Veremos qué pasa. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a que las denuncias de éste y otros órganos de control externo pasen sin ruido por los Parlamentos sin que de ellas se deriven responsabilidades de ninguna clase.

Pero convertir en ilícito penal la baja calidad del gasto público puede errar el tiro. En el fondo, es como pedir a jueces y fiscales que arreglen lo que ni gobernantes ni gobernados hemos sabido resolver de otro modo. Porque hay cosas que anotar en el 'debe' colectivo. A veces, el comportamiento electoral de los españoles, validando a manirrotos y corruptos, parece dar la razón a Bernard Shaw cuando decía que lo bueno de la democracia es que nos impide ser gobernados por gente mejor que nosotros mismos.

Por su parte, quienes gobiernan debieran, antes de pasar la pelota a otros poderes del Estado, aprobar algunas asignaturas pendientes. Por ejemplo, crear un consejo fiscal independiente, como han recomendado más de una vez los organismos internacionales; abrir de una vez la gestión pública al control social impulsando una ley de transparencia homologable a las de nuestros socios de la UE; establecer mecanismos efectivos de evaluación de políticas y rendición de cuentas; profesionalizar la gerencia pública, poniendo fin a la colonización de la Administración por los partidos.

Lo contrario del mal gobierno no es un código penal más severo, sino un buen gobierno, y éste se consigue haciendo fuertes las instituciones. Sin reforma institucional, la judicialización del despilfarro sería un nuevo brindis al sol.