Los supuestos violadores múltiples de los 90 dicen que son inocentes

El juicio a Juan B. G. y Fernando P. G, los dos vecinos de Jerez acusados de ser los responsables de la oleada de violaciones que tuvieron lugar entre 1995 y el año 2000 en El Puerto y Puerto Real, quedó ayer visto para sentencia, tras la tercera sesión de la vista oral que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz, y que ha vuelto a celebrarse a puerta cerrada por petición de las acusaciones particulares.

El primer día, en el interrogatorio a los acusados, ambos se acogieron a su derecho a no declarar y no respondieron siquiera a las preguntas de sus abogados. Ayer, en cambio, al terminar el juicio, sí aprovecharon la última oportunidad de hablar que les ofreció el tribunal para defenderse y se declararon inocentes de todos los cargos. De hecho, sus abogados, Juan José Pastor y Mauricio Mauri, pidieron ayer la libre absolución de los dos individuos, alegando que el material probatorio contra ellos «es insuficiente», a pesar de la rotundidad de las pruebas de ADN que indican que sus perfiles genéticos se corresponden con los de los violadores.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, que representan a dos de las víctimas, mantuvieron ayer las penas de cárcel que solicitaron desde el principio. El Ministerio Público pide que se condene a Juan B. G. con 191 años por la autoría de cinco agresiones sexuales consumadas, dos en grado de tentativa (una como colaborador), cinco violaciones como cooperador necesario y cinco detenciones ilegales. Para Fernando P. G, se piden 293 años de prisión, como autor y colaborador en ocho violaciones consumadas y seis delitos de detención ilegal.

Tanto la Fiscalía como los letrados de las víctimas apuntalan sus acusaciones en las pruebas de ADN, que permitieron la reapertura de la investigación en torno a las violaciones y que suponen una rotunda evidencia. El pasado martes, los peritos responsables del cotejo genético confirmaron la fiabilidad científica de estas pruebas. También testificaron los agentes de Policía que investigaron las agresiones sexuales entre 1995 y el año 2000, aunque en aquella época aún no se había identificado a Juan B. G. y a Fernando P. G. como sospechosos. Al menos una de las violaciones se atribuyó a Rafael Ricardi, un portuense que fue condenado y cumplió 13 años de prisión por el delito que no había cometido. Aunque existían indicios de que se había cometido un error judicial a finales de los años 90, la condena no fue revisada y hubo que esperar a 2008 a que se demostrara, gracias a las nuevas pruebas de ADN, que el portuense no había participado en la agresión sexual. Se le había confundido con Juan B. G. La investigación en torno a la oleada de violaciones se reabrió, con los dos acusados como los dos sospechoso.

A pesar de que la historia de Rafael Ricardi estuvo íntimamente ligada a la investigación del caso, el tribunal de la Audiencia Provincial ha rechazado la petición de las defensas de que el portuense acudiera como testigo. Tampoco permitió que los abogados de los acusados interrogaran a la Policía por la investigación que terminó involucrando al portuense. El caso ha quedado visto para sentencia.