La plantilla de Visteon acusa a la Junta de «bloquear» el conflicto

Los trabajadores de Cádiz Electrónica acusan a las administraciones, con la Junta de Andalucía a la cabeza, de bloquear la salida a su conflicto laboral por no haberse pronunciado aún sobre su voluntad de hacerse o no con los terrenos y la maquinaria de la planta, a coste cero. Unos activos valorados en unos 30 millones de euros que la multinacional Visteon incluyó en el plan social para despedir a sus empleados. El comité de empresa espera que en la reunión a cuatro bandas -Junta, Gobierno, Diputación y Ayuntamiento de El Puerto- prevista para esta semana se tome una decisión concluyente.

El representante de UGT, Jesús Serrano, rebatió el argumento dado por la Junta de que no aceptan activos de empresa y le recordó que no fue así con Santana Motor, Holcim e incluso con el Circuito de Jerez, no vinculado a ninguna actividad empresarial. «No nos dan una razón lógica y eso está bloqueando la salida de 390 familias. Nosotros apostamos porque hubiera una posibilidad de futuro para el tejido industrial de la Bahía y encaramos la estrategia de la negociación. Pero esa indefinición está bloqueando la posibilidad de llegar a un acuerdo y ya van cuatro meses sin cobrar». Serrano añadió que en el momento en que la Junta diga sí a tomar los activos retomarán las conversaciones con la empresa para obtener las indemnizaciones.

El comité de empresa expuso que la planta de Cádiz Electrónica ocupa 200.000 metros cuadrados del Tecnoparque, es decir, casi el 50% de un suelo colmatado de empresas y sobre los que la Junta tiene planes de ampliación recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y Jerez, que se encuentra en proceso de revisión. Pero lo cierto es que de esos 200.000 metros, Visteon solo tiene construidos 70.000 y además posee importantes instalaciones como contenedores y una depuradora. «El resto de suelo puede ser segregado para ampliar el polígono con más empresas. Los costes de urbanización serían mínimos para la Junta. No comprendemos cómo están dispuestos a gastarse más de cien millones en Las Aletas y a no tomar este suelo que le estamos regalando». En este sentido, la única garantía que piden los trabajadores es ser recolocados cuando vuelva la actividad. «Y tampoco vamos a estar con la espada de Damocles, ni pondremos plazos. Esperaremos a que nos toque». En esta línea, los trabajadores aseguraron que no quieren ser un lastre para la administración. «Como Delphi, no queremos cursos ni prejubilaciones, queremos trabajar».

Por otro lado, el lunes, la dirección de la empresa anunció el inicio del proceso para la disolución de la misma. Algo de lo que los trabajadores no han sido informados oficialmente.