ARRANCA EL VÍA CRUCIS DE GARZÓN

Madrugada del 12 de junio de 1990 en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. Con 33 años, un bisoño y desconocido juez de la Audiencia Nacional se presenta en helicóptero para dirigir a 300 policías en una redada contra los capos gallegos del narcotráfico. Tras meses de ardua investigación por parte de un modesto juzgado pontevedrés, Baltasar Garzón tomó las riendas del caso y culminó desde su despacho en Madrid la investigación de la denominada 'operación Nécora'.

A media mañana de aquel caluroso día, el helicóptero aterrizó en el Pazo de Baión. Su dueño, Laureano Oubiña, ya estaba en los calabozos cuando una docena de agentes entraba en la inmensa propiedad acompañados por el arrepentido Ricardo Portabales, un vendedor de droga de poca monta que un año antes había abierto la caja de Pandora en una detallada declaración ante el juez de Pontevedra que destapó el caso, un por entonces desconocido Luciano Varela.

Varela, fino y reservado instructor, además de poco amigo de los focos, trabó una amistad con Garzón que acabó como el rosario de la aurora. Quizá fuera por sus egos contrapuestos o por las diferentes formas de abordar las investigaciones, el caso es que se hicieron irreconciliables. Pero sus caminos, cosas del destino, volverían a cruzarse 20 años después, esta vez en el Supremo.

Tras la 'operación Nécora', la popularidad del juez, nacido en Torres, Jaén, en 1955, subió como la espuma. En 1993, ya con una notoriedad incontestable, dio el salto a la arena política de la mano del PSOE. Fue elegido diputado por Madrid y el Gobierno de Felipe González le encomendó la dirección del Plan Nacional sobre Droga, con categoría de secretario de Estado. Poca cosa para quien aspiraba a oropeles más brillantes.

El magistrado, tras muchas escaramuzas dialécticas, salió un año después por la puerta de atrás, y tras regresar a la Audiencia Nacional cargó con dureza contra el Ejecutivo por sus fallos en la lucha contra el crimen organizado. Después llegaría la apertura del sumario de los GAL, el 'caso Marey' y la guerra sucia contra ETA.

En la cima del estrellato fue fácil diana para una cohorte de enemigos que se labró a conciencia. Recibió el primer revés con la sentencia de la 'Nécora' en 1994. El tribunal de la Audiencia Nacional absolvió a todos los capos detenidos por narcotráfico y desacreditó el testimonio del arrepentido Portabales, piedra angular del sumario.

La sentencia fue un duro varapalo a la investigación de Garzón y una seria advertencia sobre su forma de trabajar y el exhibicionismo que acompañaba a todas sus actuaciones. Pero el golpe más duro fue la anulación de las pruebas obtenidas a través de los pinchazos telefónicos autorizados por él mismo, al que censuraron por no controlar con mayor celo las intervenciones.

Los fantasmas de 'Gürtel'

Aquellos lejanos episodios se repetirían con sus actores y sus pormenores judiciales 20 años después. Pero esta vez amenazan con arrastrar hacia el ocaso profesional a uno de los jueces más populares no solo en España sino en el mundo.

De nuevo Varela, el magistrado que le ha llevado a juicio por investigar los crímenes del franquismo, un proceso que comenzará el 24 de enero, y de nuevo unas escuchas telefónicas ordenadas durante la instrucción del 'caso Gürtel' son la primera estación de penitencia del vía crucis judicial de Garzón.

El calvario comenzará el martes con el juicio de las escuchas, en el que está acusado de prevaricación continuada (dictar resoluciones injustas a sabiendas), la peor acusación a un juez y que podría acarrear su inhabilitación durante 20 años.

Garzón, suspendido de sus funciones desde hace 11 meses, será enjuiciado por un tribunal de la Sala de lo Penal compuesto por siete magistrados. Entre ellos estará el propio Varela y Manuel Marchena, instructor de la tercera de las causas abiertas en su contra en el Supremo, la de 'los cursos de Nueva York', en la que está imputado por cohecho y de nuevo por prevaricación.

Todas las fuentes consultadas en el alto tribunal coinciden en que la vista oral por 'Gürtel' es el proceso más complicado para él. Se juzgará si vulneró el «sagrado» derecho a la defensa de los abogados al ordenar la intervención de las conversaciones con sus clientes en prisión. Está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones entre febrero y abril de 2009, poco después de estallar el caso de corrupción que afectó a numerosos altos cargos del PP.

El auto de apertura de juicio, dictado en mayo de 2011, ya era una suerte de condena previa. Para el magistrado Alberto Jorge Barreiro «no había duda» de que el juez «accedió indebidamente» a las conversaciones y prorrogó las escuchas sin el aval de la Fiscalía. Y solo cuando vio la gravedad del asunto, según aquel auto, expurgó la parte de las comunicaciones referidas a los abogados, aunque ya había vulneración de su derecho a la defensa.

Estas escuchas se referían a la estrategia procesal de los imputados, pero también a otros asuntos de interés como «la trama de Valencia» o «la compra de trajes de (Francisco) Camps y de las pruebas que pudieran existir sobre ello». Curiosamente, un cohecho pasivo que se juzga ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En los pinchazos también salieron a relucir las consecuencias que tendría la aparición del famoso 'pen drive' en el despacho de uno de los imputados o del perjuicio que podría ocasionar la colaboración con la Justicia de un testigo clave. Estos asuntos se dilucidarán en la vista oral del martes, pero todo apunta a que la suerte ya está echada.

«Me siento condenado»

«Me siento perseguido, indefenso, me han denegado todas pruebas. Otros magistrados han hecho exactamente lo mismo, pero el Supremo ha acotado con Baltasar Garzón ¿Por qué? No lo sé. Yo no laminé el derecho de la defensa. Es mentira. Ordené la intervención de las comunicaciones de los presos, no de sus abogados, con base a que podían seguir delinquiendo, escondiendo su dinero. Además, distingo perfectamente la presencia de los abogados, así lo pongo en la orden mandada a la Policía, es una salvaguarda para ellos. ¿Esto qué es? Es un prejuicio claramente establecido. Me siento condenado, pero lucharé por defenderme con las pocas armas que tengo». Un afligido Garzón se mostraba así de derrotado en una entrevista que forma parte del documental 'Escuchando al juez', de la directora Isabel Coixet.

Las fuentes consultadas en el Supremo tampoco ocultan esta circunstancia. «Una de las claves es la escasez de pruebas que le han admitido. Parece la crónica de un final anunciado, la liquidación de una forma particular de interpretar la Justicia», comenta una de estas fuentes.

Ninguno de los jueces que han instruido el 'caso Gürtel' en Madrid y Valencia, y que han avalado e incluso prorrogado las escuchas ordenadas por Garzón sin ser acusados por ello, comparecerán como testigos. Tampoco las fiscales del caso. La Sala solo ha admitido la declaración del querellante, Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional y que tuvo algún encontronazo con el juez en el caso que lo encumbró mundialmente, la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet.