La Junta denuncia a la jueza cambios en las empresas con subvenciones para ocultar el fraude

La Junta de Andalucía, a través de su letrado, remitió el pasado día 3 de este mes un escrito a la jueza Mercedes Alaya, que instruye el fraude en los ERE, instándole de nuevo a que adopte medidas procesales, entre ella la toma de declaración como imputados, contra los titulares de empresas que supuestamente recibieron cuantiosas subvenciones del exdirector general Javier Guerrero «sin observar los trámites del procedimiento previsto para ello y sin justificar el destino de las ayudas». La Junta ya pidió lo mismo en otro escrito del pasado 28 de octubre, respondiéndole la jueza en un auto de noviembre que no lo haría hasta que no concluyera la investigación policial.

En este último, la Junta advierte haber detectado cambios en las sociedades denunciadas, lo que podría dar pie a que estuvieran tratando de ocultar pruebas del fraude. La Junta se refiere en su escrito a las empresas del círculo de Guerrero en la sierra norte de Sevilla, en torno a El Pedroso. La administración autonómica detectó la concesión de hasta 20 millones de euros de forma fraudulenta. En el escrito de octubre, la Junta denunció a 18 empresas y a siete personas, sobre las que pidió a la juez que las cite como imputadas. Entre ellas destacaba el exconcejal socialista Enrique Rosendo Ríos, que llegó a recibir hasta 13,5 millones de euros.

Cambios de nombre

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el letrado de la Junta advierte a la magistrada que con posterioridad a octubre se han detectado cambios significativos en la historia registral de las sociedades denunciadas, consistentes en la presentación de cuentas anuales de ejercicios anteriores para reabrir el registro y proceder, en algunos casos, al cambio de nombre de la sociedad o el de los administradores. La Junta detalla que estas irregularidades se han detectado en ocho empresas, seis de ellas cambiaron de nombre.

El procedimiento empleado por Guerrero era casi siempre el mismo y se parece al que utilizó en el caso de las ayudas a su chófer en 2004. Guerrero instaba al IFA mediante un convenio al pago de la subvención al titular que señalaba, alegando que la documentación necesaria obraba en su poder. Como comprobó la propia Junta e investiga la jueza Alaya, esa documentación distaba mucho de ser la legalmente establecida y a veces hasta se concedieron ayudas con datos a mano en un papel.