PRESOS DE UNO EN UNO

La discusión sobre las políticas penitenciarias aplicadas a los presos de ETA es un debate viejo en el País Vasco. Algunos de los que se oponían al endurecimiento de penas con frecuencia invocaban la idea de la reinserción social alegando que las condenas demasiado largas hacían imposible la reeducación del reo, cuestión que se consideraba objetivo fundamental. Ese punto de vista hace muchos años que fue superado por el Tribunal Constitucional que ha determinado que «el artículo 25.2 de la Constitución no establece que la reeducación y la reinserción social sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad». Si la idea de reinserción fuera la clave para excarcelar a los presos, la mayoría de los etarras hubieran muerto de viejos en las prisiones.

Otro enfoque distinto de la idea de la reinserción es el que ha condicionado la obtención de beneficios penitenciarios al distanciamiento efectivo del recluso con respecto a los crímenes terroristas que le llevaron a prisión. Esta es la idea que ha inspirado la política carcelaria aplicada en los últimos cuatro años a los etarras. Quienes han roto con la banda, han reconocido sus responsabilidades en el daño causado y han mostrado arrepentimiento han sido trasladados a Nanclares y disfrutado de algunas ventajas (días de vacaciones, permisos de salida para formación profesional y en algún caso un régimen equivalente al tercer grado) con respecto a los presos ortodoxos.

La reinserción de los etarras no es una cuestión de voluntad política del Gobierno de turno, sino de la voluntad individual de cada preso de acatar las exigencias legales. Esa ha sido la base de las medidas penitenciarias aplicadas por el Gobierno socialista en estos años pasados y debería serlo también en adelante. Las condiciones de la llamada 'vía Nanclares' deberían seguir manteniéndose para los reclusos que deseen estar en las cárceles vascas. El colectivo oficial de presos de ETA rechaza, sin embargo, acatar la legalidad penitenciaria. Eso no ha cambiado por el hecho de que hayan pedido de manera individual ser excarcelados. Uno puede pedir la renta de garantía de ingresos al Gobierno vasco, pero para tener derecho a ella no basta con pedirla, sino que hay que cumplir los requisitos legales establecidos. Lo mismo ocurre con los presos.

Los convocantes de la manifestación celebrada el sábado en Bilbao no buscaban que se cumpliera la legalidad con los presos, sino lo contrario, que no se cumpliera. Por ejemplo, los etarras que han cumplido tres cuartas partes de la pena, sin más, no tienen derecho a ser puestos en libertad por mucho que insistan la izquierda abertzale y quienes se dejen confundir por ella. La excarcelación de presos enfermos «muy graves con padecimientos incurables», según precisa el Reglamento Penitenciario, es algo que, en determinadas circunstancias, deciden los jueces a la vista de los informes médicos. Estar enfermo no da derecho automático a irse a casa y menos en grupo.