Diputación alivia las cifras del paro con un plan para colocar a 782 personas

Un plan de choque para aliviar las cifras del paro. La Diputación de Cádiz ha estrenado el año con un programa de emergencia en favor del empleo. Se trata de una medida de carácter urgente para sacar del atolladero a unos 782 desempleados de larga duración, que ya no perciben subsidio alguno. Esta actuación está dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como a las entidades locales que se encuentran en las zonas rurales de la provincia.

El presidente del Gobierno provincial, José Loaiza, compareció ayer en el Palacio de la Antigua Aduana junto al vicepresidente segundo de la institución, Bernardo Villar, al diputado de Empleo, Ignacio Romaní, el titular de Hacienda, Juan Antonio Liaño, y el diputado de Bienestar Social, Alfonso Candón, para explicar las claves de este plan especial de empleo, denominado Peces. Loaiza realizó un minucioso análisis de la situación sociolaboral de la provincia, en la que puso de manifiesto como la tasa de paro se ha multiplicado por dos en solo tres años desde que comenzó la crisis, pasando del 18,9% de 2008 al 32,1% de 2011. En estos momentos, Cádiz arrastra una población de parados que supera las 185.000 personas, de los que el 46% son hombres y el resto mujeres. En la radiografía también se dejó claro como el sector de la construcción es el más perjudicado, mientras que el de servicios se muestra como el más dinámico de la economía provincial.

Ante esta situación, la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un plan de emergencia que se enmarca dentro del Plan Provincial de Empleo 2012-2015. Esta actuación urgente tiene como objetivo colocar a782 parados durante los próximos 45 días con contratos temporales de quince días de duración, donde los aspirantes podrán cobrar hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, unos 1.122 euros. Para ello, los ayuntamientos deben presentar lo antes posible ante la Diputación proyectos de obras y servicios para llevar a cabo en sus municipios durante los próximos dos meses.

Loaiza aclaró que los parados que opten a un empleo a través de este plan deben cumplir con un sistema de baremación y serán los servicios sociales de la propia Diputación, junto con los consistorios, los encargados de evaluar al aspirante. De esta forma, se primará a los desempleados con más antigüedad, a padres de familia y a quienes se encuentren sin prestación. En este sentido, el presidente de la Diputación destacó que «ya se han acabado las contrataciones a dedo», en clara referencia a los programas Proteja y Plan E que desarrolló el anterior gobierno socialista y que, según el PP, no sirvieron para rebajar el desempleo en la provincia. Loaiza insistió en que el plan no entiende de color político, es decir, no tendrá en cuenta la afiliación del alcalde que haga las solicitudes. Los criterios económicos y sociales marcarán la asignación, que se distribuirá de manera porcentual en función de la población y el grado de desempleo.

El plan social de emergencia cuenta en su primera fase con un presupuesto de 4,8 millones de euros, de los que el 20% irá a la compra de materiales y el resto a pagar salarios. El plan se destinará a obras en la vía pública, rehabilitación, movilidad urbana, equipamientos y actuaciones en polígonos industriales.

Loaiza pidió celeridad a los ayuntamientos afectados por el plan para presentar ante Diputación sus proyectos de obras y las necesidades de contratación. El presidente recalcó que esta medida tiene lugar con carácter de urgencia mientras se pone en marcha el Plan Provincial de Empleo, que contará con un presupuesto de 33 millones de euros. El presidente de la Diputación mostró su confianza en el plan, al tiempo que defendió su efectividad, «ya que es una respuesta inmediata a un problema social que vive la provincia». En su opinión, se trata de un plan con vistas al futuro e insistió, a su vez, en que se termina así con la designación aleatoria de los políticos para la recolocación de parados. Recordó que la aplicación de una baremación y el control que ejercerán los servicios sociales a la hora de adjudicar los contratos «acaba con la presentación de un carné político para trabajar».