Margen de maniobra financiera en las políticas pasivas de empleo

El desempleo es un drama que no cesa. Es el principal problema del Estado y el fracaso colectivo más estrepitoso como sociedad española. La pérdida del empleo se convierte en no pocas ocasiones, por no decir en la inmensa mayoría de ellas, en el acontecimiento económico más angustioso en la vida de una persona. La gran mayoría vivimos o sobrevivimos por el salario percibido con ocasión del trabajo. El desempleo supone la renuncia a un 'status quo' irrenunciable per sé. Implica instalarse en un nivel de vida más bajo, padecer angustia vital, incredulidad ante el futuro y sus retos y por si todo esto fuera poco, la pérdida de la confianza en uno mismo.

La situación de paro que padece España, la de la tasa más alta de Europa, ¿necesitaba las medidas como las propuestas por el anterior Gobierno, o éstas debieron ser otras? Desde luego, las aprobadas hasta ahora, fueron más mediáticas que efectivas. En realidad no han servido para nada. Porque, la ayuda que de verdad necesita un desempleado, es aquella que le permite encontrar un trabajo. Es decir, la adopción de medidas tendentes a facilitar y hacer posible la creación de empleo. Éstas son posible, aunque eso sí, su adopción requiere un más que posible por previsible coste político-electoral. Espero que el actual Gobierno las impongan, porque sólo las Cortes Españolas, detentadoras de la soberanía nacional, deberán legislar representando en ese caso a los más de cinco millones de desempleados, que se encuentran fuera del ámbito de acción de los llamados interlocutores sociales más representativos, que se deben a sus bases, dejando claramente huérfanos a estos.

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Eso es lo que dice el artículo 35 de la Constitución Española. Aún en el período más álgido del ciclo económico, el mercado de trabajo español presentaba importantes desequilibrios. Por una parte, la tasa de desempleo no bajó del 8% y la continua incorporación de inmigrantes se justificaba en la insuficiencia de la mano de obra nacional para la demanda de empleo entonces existente y la cobertura por estos de aquellos puestos de trabajo que no querían ser ocupados por los ciudadanos españoles. Todo ello representa lo que se denominan disfunciones del mercado de trabajo español. Disfunciones que se acrecientan y que adquieren tintes muy preocupantes cuando se invierte el ciclo económico en la forma y con la magnitud con la que se presenta la crisis que padecemos. Ahora más que nunca, hay que exigir a nuestros gobernantes, la adecuación legislativa del mercado de trabajo, que posibilite razonablemente cumplir y hacer cumplir el contenido del invocado artículo, dentro de un equilibrio prudente y sensato.

La adecuación de los costes unitarios del factor trabajo (salarios percibidos en concepto de nóminas mensuales, salarios diferidos en su cuádruple condición de costes de la Seguridad Social, de la cotización por desempleo, de cotización al Fondo de Garantía Salarial y de indemnizaciones por desvinculación del trabajador de su empresa, cualquiera que sea el motivo, ya sea despido, individual o colectivo o cese por expiración del tiempo o causa del contrato), son determinantes para alcanzar niveles de productividad aceptables, que recuperen entre otras cosas los cerca de cuarenta puestos perdidos en la anterior legislatura y que justifica sin duda los niveles de desempleo que padecemos.

Sí el desempleo o falta de empleo es un problema individual de primer orden, no lo es menos, el problema social que supone incurrir en desproporcionados déficits en el que se está incurriendo para hacer frente a la nómina de desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo. Cuando terminen de liquidarse los Presupuestos del Estado para el año 2011, la cuantía a la que ha ascendido la prestación contributiva de desempleo y el pago del subsidio asistencial, más el extraordinario de los 430 euros se aproximarán, si es que no superan los 40.000 millones de euros. Esto unido al coste del servicio de la Deuda Pública, representan las dos principales partidas presupuestarias que asfixian la economía española y que la deja sin margen alguno de maniobra, superando el 50% del Presupuesto del Estado, excluido de este el de la Seguridad Social.

Por lo tanto, hay que romper ese círculo que imposibilita adoptar políticas económicas racionales, que permitan el despegue de la economía española, para generar riqueza y sólo de esa forma crear empleo. Para ello entiendo necesario, considerar todos los conceptos salariales, actuales y diferidos, para proporcionar ese margen de maniobra al Estado, minorando el déficit exacerbado que sufre el Servicio Público de Empleo, y que le permita articular políticas activas de empleo y no centrarse exclusivamente en la gestión de las políticas pasivas. Será imprescindible reconsiderar los llamados salarios diferidos. Sí la empresa y el trabajador acuerdan el despido, o sí el empresario deposita el coste de la indemnización por despido, el trabajador lo cobra en concepto de prestación de desempleo. Sólo si se litiga, el trabajador percibe desde el primer día su prestación de desempleo, hasta el momento de la notificación de la sentencia por despido o de cese en la actividad. Posteriormente, se practican los ajustes necesarios en el Servicio Público de Empleo, una vez dictada la sentencia. La prestación «estricto sensu» de desempleo como tal, se cobraría únicamente cuando se agota la indemnización en qué consiste la desvinculación. De esta forma, la cotización de desempleo puede ser utilizada como embrión de la futura capitalización de la prestación de jubilación, cuando el trabajador no haya hecho uso de ella a lo largo de su vida laboral, o en lo que no se haya consumido. Así, al sistema ordinario de reparto, típico de nuestro sistema de Seguridad Social, se le abre la puerta al sistema de capitalización. Algo parecido a lo que acontece en los Países Nórdicos.

Sería un punto de partida a considerar, una vez se tomen las medidas sobre el mercado de trabajo más acuciantes por su inmediatez, en una eventual reforma del mercado de trabajo de mayor alcance. Buena parte de todo ello, es parte del debate de la llamada «flexiseguridad» en el que se solicita entre otras cosas la equiparación de la protección en el empleo para los trabajadores temporales y los indefinidos y de esa forma conseguir un reparto más eficiente y equilibrado de la flexibilidad en el mercado de trabajo. En ésta tesitura hay insignes economistas involucrado, entre los que sobresale el Premio Nóbel de Economía de 2006 Edmund Phels, que recomendó a España dentro del elenco de medidas propuestas «suavizar la protección por desempleo para incrementar la demanda de trabajadores».