Coto a los altos sueldos en las cajas rescatadas

El Gobierno ha lanzado a las cajas de ahorro receptoras de ayudas públicas el mensaje de que no está dispuesto a tolerar que los gestores que llevaron a las entidades a esa situación resulten premiados con sueldos, blindajes o indemnizaciones millonarias. Pero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al informar de este propósito, transmitió ayer a su vez la falta de sintonía del Gabinete de Mariano Rajoy con el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. Insistió en que la reestructuración del sector bancario «se ha demorado mucho» y precisó que es voluntad del Ejecutivo concluir el proceso en los próximos seis meses «con sus propios criterios».

Como primera medida, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se va a dirigir «por carta» a Fernández Ordóñez «para conocer si las retribuciones fijas y variables percibidas por los administradores y directivos de las entidades «son las adecuadas».

Una vez conocidas las opiniones del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyos responsables ya están ejerciendo el control de las entidades 'nacionalizadas', el Gobierno procederá a tomar «las decisiones que estime oportunas». «De lo que se trata es de que en ningún caso resulten premiados los gestores que han colocado a las entidades en circunstancias de tener que recibir dinero público para poder proseguir con su actividad», insistió la vicepresidenta.

Los altos pagos percibidos con administradores y directivos de las entidades intervenidas suscitaron «rechazo social». Desde la directora ejecutiva de la CAM que se asignó a sí misma un sueldo anual de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 370.000 hasta los cuatro altos cargos de Novacaixagalicia que, al ser apartados, cobraron 23 millones en indemnizaciones.