La Audiencia Nacional rechaza asumir la causa

Por tercera vez, no. La Audiencia Nacional, al menos por ahora, no va a reclamar el 'caso Urdangarin', como pretende el expresidente de Baleares Jaume Matas. El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno, rechazó ayer la petición del abogado del exgobernante para que la 'operación Babel' termine en Madrid. Según el instructor, no se da ninguna de las causas por las que la Audiencia Nacional sería competente. Es decir, ni los delitos afectan a una generalidad de personas ni se habrían cometido en el extranjero ni tiene la gravedad como para poner en riesgo la seguridad del tráfico mercantil del país.

El juez recuerda la doctrina del Supremo, que considera que «atribuir la competencia de determinados hechos delictivos a tribunales distintos» a los predeterminados por ley deber ser muy «restrictiva» y «excepcional».

Con esa premisa, Moreno rechazó el argumento de que los delitos investigados en Palma son lo suficientemente graves y afectan a diversas comunidades -Baleares, Valencia y Cataluña-, lo que implicarían el traslado al tribunal de Madrid.

Según el juez, hasta donde se conoce de la denominada 'pieza 25, «las defraudaciones aquí investigadas es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional». Insiste en que «la cifra presuntamente defraudada no puede considerarse» suficiente como para socavar los principios económicos del país. En esa línea, recordó que la Audiencia Nacional ya rechazó en 2004 quedarse con un caso en el que se investigaba un fraude del IVA de cerca 21 millones, «cifra ésta muy superior a la que se dice puede ascender el importe de la defraudación» del 'caso Urdangarin'.

Tampoco acepta el argumento esgrimido por el abogado de Matas de que supuestamente la actividad del yerno del Rey y de su socio, Diego Torres, ha supuesto una «perjuicio patrimonial en una generalidad de personas». Al margen de que los damnificados no serían personas sino instituciones, el juez sostiene que no hay «indicios» para hablar de generalidad de perjudicados.

Rechazó asimismo quedarse con la causa por el argumento de que hay delitos cometidos por españoles en el extranjero. De confirmarse que hubo evasión fiscal, razonó el juez, el delito habría sido cometido en España y contra Hacienda.