El tinglado

El nuevo Gobierno empieza fuerte: diciendo la verdad y tratando de adelantarse a los mercados, sostienen ellos. Sus críticos, en cambio, abonan la sospecha de que esa verdad ahora adoptada como divisa no fue la prioridad de los populares durante la fase de cortejo del electorado (ya entonces llevaban las cuentas de la gran mayoría de las comunidades autónomas, de donde vino el grueso de la sangría), y subrayan que el Gobierno tiene poco de resolución propia y mucho de sumisión al férreo liderazgo europeo en manos de Angela Merkel. La misma que pidió la cabeza de Berlusconi al presidente italiano, y la obtuvo, supo lo que se nos venía encima antes que nosotros.

Sea lo uno o lo otro, un Gobierno sincero y resolutivo, o uno mendaz y vasallo, igual nos va a dar. Los recortes van a caernos de todos modos y quizá lo único que cabe preguntarse es si la solución elegida, que tiene la ventaja de su simplicidad y rapidez de adopción, es la más conveniente de las posibles.

En síntesis, el Gobierno ha optado por la laminación fiscal indiscriminada de todas las rentas del trabajo, y en mucha menor medida las del capital, con especial incidencia en las clases medias y medias-altas, pero sin dejar en absoluto indemnes a las menos favorecidas, y sin rozar a las grandes fortunas ni a los defraudadores. A estos dos colectivos, que escapan con comodidad a esa tosca herramienta denominada IRPF, no se les envía ninguna señal (ni siquiera a los segundos) de que la cosa también vaya con ellos. Cierto es que el mecanismo de progresividad contribuye a la equidad, en términos de capacidad contributiva de los afectados por el recargo, pero el hecho de que entre estos no estén todos los que son, ni sean todos los que están, devalúa ese en principio saludable correctivo.

Pero sobre todo, la gran pregunta es si solo se piensa en cuadrar las cuentas a hachazos sobre los ingresos, en lugar de atacar con criterio los gastos. Si la situación es excepcional, ¿por qué antes de cargar contra el eterno pagano, el contribuyente de rentas diáfanas, no se va antes a los dispendios heredados de otras épocas que lastran nuestro sector público? Desde ese inútil y oneroso Senado, a las cientos de duplicidades administrativas, los miles de funcionarios instituidos por el clientelismo político y no por el servicio público, los miles de teléfonos móviles y otros lujos privados cargados al erario común, etcétera. Todos nos tememos que por ese lado puede recortarse mucho más de lo que se recorta. Cada euro que no se rebaja de ahí y se ha de drenar a la ciudadanía (o a la Sanidad, la Policía o la Educación) es un escándalo. Ha llegado la hora. Antes que a la gente (o al sector público productivo), si de verdad estamos en una emergencia, es el momento de meterle tijera al tinglado.