Las Aletas se enfrenta a otro parón hasta nombrar a sus nuevos gestores

El culebrón de Las Aletas sigue su curso sin contar aún con un horizonte claro. Todo apuntaba a que el último Consejo de Ministros de la etapa de Zapatero aprobaría de forma definitiva este proyecto industrial, clave para el desarrollo económico de la Bahía, sin embargo, la realidad ha sido bien distinta. Toca esperar. El Gobierno de Rajoy será el encargado de decidir en los próximos meses si este parque logístico es o no viable en el sitio donde se pretende levantar, pero no será hasta después de las elecciones autonómicas de marzo cuando se tomen las decisiones sobre su continuidad.

Los socialistas pusieron en 2011 toda la carne en el asador para enderezar un proyecto, que tumbó en octubre de 2009 el Tribunal Supremo por vulnerar la ley de Costas. Los ecologistas de la organización Adena interpusieron entonces un recurso ante el Alto Tribunal advirtiendo que ocupaba buena parte del dominio público marítimo terrestre. Desde entonces, los gestores de Las Aletas se han afanado en reconstruir una iniciativa que ha estado maldita desde sus inicios. El último paso que abordó la construcción del polígono fue la redacción de su informe ambiental. Se trata de un documento, elaborado por la consultora Tragsa, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, donde se detalla la nueva ordenación urbanística de las 527 hectáreas que ocupan Las Aletas. Este documento se encuentra en fase de exposición pública y los ecologistas ya han presentado una batería de alegaciones para impedir su construcción.

El trámite administrativo sigue adelante sorteando obstáculos. Los socialistas aceleraron el expediente en 2011 para poder acabar el año con los deberes hechos, pero no pudo ser. La aprobación definitiva sigue en el aire. Para colmo, las elecciones del pasado 20 de noviembre y el cambio de Gobierno han provocado la reorganización del equipo que gestiona Las Aletas. Este órgano está formado por representantes del Estado y miembros de la Junta, pero es la Administración central quien detenta su presidencia, un cargo que ha desempeñado desde 2007 la subsecretaria de Hacienda, Juana Lázaro.

La llegada del PP al poder central obliga, por tanto, a renovar, el 'staff' de Las Aletas. Un total de 12 miembros componen el máximo órgano de gestión de Las Aletas, seis representantes del Estado, entre los que se encuentra el presidente del organismo, y otros seis de la Junta, que incluye al vicepresidente, en este caso en manos del consejero de Gobernación, Francisco Menacho.

El Gobierno de Rajoy ha nombrado en los últimos días a los secretarios de Estado y en breve hará lo propio con los segundos escalones de la Administración central. Es decir, no será hasta final de mes cuando se celebre la reunión del Consorcio de Las Aletas para incorporar a los nuevos representantes del Gobierno de la Nación. Entre los cargos que designa la Administración central para completar su cuota de poder en el Consorcio se encuentra el delegado de Zona Franca, el director general de Industria, el secretario general de Patrimonio, el secretario general del Mar y el subdirector del departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de Presidencia. La representación del Gobierno central en Las Aletas afecta a tres ministerios: Hacienda, Industria y Medio Ambiente. El nuevo titular de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, será clave en el nuevo camino que siga el proyecto de Las Aletas.

Este periódico ha podido saber que el nuevo equipo gestor de Las Aletas aguantará hasta después de las elecciones andaluzas, en marzo, para tomar medidas contundentes sobre el futuro de este proyecto. La Junta de Andalucía también cuenta en el Consorcio con otros seis miembros, vinculados a las consejerías de Hacienda, Obras Públicas y Empleo. Todo apunta a que el proyecto seguirá adelante, sin embargo, los próximos seis meses serán de trámite hasta que ambas administraciones nombren a sus representantes.

El informe ambiental que se encuentra ahora en fase de exposición pública cambió la ordenación del polígono para cumplir con las directrices que marcó la sentencia del Supremo. Así, amplió la zona de protección de 12 a 140 hectáreas y concentró la actividad industrial en solo 84, frente a las 120 que se habían proyectado inicialmente. Además, reserva 267 hectáreas para la implantación de actividades limpias como la acuicultura o las renovables, frente a las 287 previstas en la primera actuación.