El único crimen de ETA perpetrado en la provincia quedará impune

El anuncio del cese definitivo de la violencia que realizó ETA a finales del año pasado fue un bálsamo que se quedó a medio camino para las familias de 314 víctimas de la banda terrorista que siguen esperando que se haga Justicia con sus difuntos. Son los casos sin resolver, aquellos que no tienen culpables, con nombre y apellido, aunque los terroristas reivindicaron en su día la autoría de cada uno de esos crímenes. Ese listado del dolor fue difundido antes de que acabara el año por la Fundación Víctimas del Terrorismo a partir de los datos que les aportó la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y entre esas mujeres y hombres que murieron a manos de los asesinos etarras, sin que nadie haya rendido cuentas ante los tribunales, está el único crimen que ha perpetrado la banda en la provincia de Cádiz a lo largo de su historia.

Alfredo Jorge Suar Muro encontró la muerte en el lugar que había elegido para refugiarse de la dictadura de su país. Junto a su mujer abandonó Argentina para afincarse en España. Médico del penal de El Puerto y con consulta en la antigua Residencia Zamacola de Cádiz, el 14 de octubre de 1983 recibió su última visita. Dos hombres lo sacaron de su despacho y lo condujeron a su vehículo, aparcado en las inmediaciones del recinto hospitalario. El relato de los testigos sirvió para reconstruir sus últimos minutos de vida. Algunas de esas miradas que se cruzaron no se percataron que estaban presenciando el preludio de un asesinato. No sería hasta horas después cuando unos trabajadores se dieron cuenta que el coche del médico estaba abierto y al acercarse, se encontraron con una escena dantesca. Suar Muro yacía muerto en el asiento del copiloto con un disparo en el cuello.

En un principio, confirmaron a este medio fuentes vinculadas a la investigación de la época, se atribuyó el asesinato a delincuentes comunes, después se sopesó la posibilidad de que se tratara de un atentado de los GRAPO, con fuertes lazos en la provincia. Pero fue ETA la que resolvió, a medias, la incógnita cuatro días después de la muerte del facultativo. En un comunicado que nunca se les olvidará a los funcionarios de prisiones, porque a partir de entonces se convirtieron en objetivo etarra, se atribuyó la atroz acción. Pero como siempre ha ocurrido con sus macabras notas, sin señalar a nadie en concreto.

La última vez que la familia de Suar Muro tuvo información sobre el caso fue cuando le confirmaron que había sido ETA. Desde entonces, y ya hace más de 28 años de aquello, no hubo ningún indicio al que agarrarse y ninguna prueba que les anestesiara su dolor. El médico argentino que quiso echar raíces en Cádiz, pasó a engrosar una lista incómoda de asesinatos sin autores conocidos.

Hoy en día, la legislación española dice que la muerte de Suar Muro es un caso prescrito. El Código Penal establece 20 años, desde que se cometieron los hechos, como plazo máximo para saldar cuentas en los delitos más graves. Solo quedan fuera de la prescripción asuntos muy específicos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio o los atentados contra personas en un conflicto bélico. Curiosa paradoja, ya que los etarras y su círculo más próximo de simpatizantes, siempre han considerado las acciones de ETA como maniobras dentro de un conflicto armado. De haberse reinterpretado la historia de la banda desde su perspectiva, esos 314 asesinatos tendrían vigencia jurídica para ser juzgados en cualquier momento.

Distinta 'suerte'

Diferente suerte, en todos los aspectos, corrió el brigada del Ejército de Tierra José Manuel Velázquez. Sin quererlo protagonizó el otro atentado, en este caso frustrado, que a punto estuvo de teñir de sangre la provincia. Destinado en Sevilla, viajó en octubre de 2000 hasta su residencia de verano en Chipiona, para recoger algunos enseres. El camino que recorrió entre ambas localidades lo hizo con un artefacto explosivo bajo su asiento. A diferencia del facultativo del penal portuense, el sistema de detonación falló y el brigada salvó la vida. El intento de asesinato, además, ha sido juzgado y sus autores fueron condenados. La Justicia sí llegó para este militar.

En abril de 2003, la Audiencia Nacional condenaba a quince años de prisión a los dos miembros del 'Comando Andalucía' Igor Solana Matarranz y Harriet Iragi. No sería la única condena que les caería. Ambos fueron arrestados en Sevilla a los pocos días de haber tratado de asesinar al brigada y a las pocas horas de matar al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos en su consulta hispalense. Siguiendo instrucciones de la banda, confesaron los crímenes del fiscal superior de Andalucía, Luis Portero; del concejal de Málaga, José María Martín Carpena, y el de Cariñanos. La detención de Igor Solana fue muy sonada porque fueron los propios vecinos quienes guiaron a la Policía hasta el bloque de viviendas donde trató de ocultarse.