Ajustes de emergencia

El Gobierno Rajoy acordó ayer un avance del reajuste presupuestario que se verá obligado a ampliar en las cuentas que en marzo presente para 2012. La noticia está en que el presente ejercicio se cerrará con un déficit del 8%, superior en dos puntos al previsto por el Ejecutivo anterior. Ello implica que para que España cumpla con su compromiso de reducirlo al 4,4% durante el próximo año las distintas administraciones deberán lograr 36.500 millones de euros entre recortes e ingresos adicionales. El Consejo de Ministros de ayer estableció medidas para ahorrar 8.900 millones y un aumento de impuestos que aportaría otros 6.275 millones, de manera que el proyecto presupuestario del 2012 debería hacerse cargo de reducir en más de 21.000 el desequilibrio restante. La tarea se presenta difícil y arriesgada, porque las drásticas medidas adoptadas ayer tampoco dejan mucho espacio para la aplicación de otras nuevas sin que el esfuerzo afecte gravemente a la ya delicada situación por la que atraviesan la economía real y el empleo. Es de suponer que, junto a la congelación salarial de los funcionarios, los ajustes introducidos en los distintos departamentos ministeriales se aprovecharán del vencimiento de los contratos laborales. Pero el Gobierno debería salvar aquellas partidas de inversión o subvenciones orientadas a la economía productiva y a la innovación. Lo peor sería que el inevitable retardo del crecimiento vaya acompañado del mantenimiento de un modelo productivo que hizo aguas con la crisis internacional. El incremento del déficit constituye el argumento que el Gobierno Rajoy esgrimió ayer para justificar la adopción de medidas fiscales a las que el PP se había mostrado contrario en la oposición y reticente durante la campaña electoral. La aplicación de un gravamen complementario y temporal sobre las rentas del trabajo y sobre las del ahorro viene en todo caso a reconocer que solo mediante medidas de ajuste hubiese resultado muy difícil rebajar incluso el déficit público previsto. Por su parte, el aumento del IBI puede desahogar parcialmente la hacienda municipal a cuenta de la propiedad del suelo evitando que algunas entidades locales acaben en un colapso financiero el 2012.