Diputación paga a 153 proveedores con la aportación del crédito ICO

El dinero ha llegado y la Diputación Provincial de Cádiz ha comenzado a hacer las gestiones pertinentes para comenzar a pagar a sus proveedores. Un total de 153 acreedores, compuestos en su mayoría por autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) comenzarán a saldar sus cuenta con el cobro de las facturas que certificaron antes del 30 de abril de 2011.

La inyección económica ha llegado a través del préstamo aprobado por el Instituto de Crédito de Oficial (ICO), suscrito por la entidad provincial con el BBVA y el Banco Popular. Un préstamos que se materializó el pasado 7 de diciembre con la firma del convenio entre el presidente de Diputación José Loaiza y representantes de ambas entidades. El total del crédito que supone la operación es de casi 5 millones de euros (4.779.997´40 euros) y se destinará a hacer frente a compromisos adquiridos por el anterior equipo de gobierno para sufragar suministros, obras y servicios.

De los pagos por valor 4,8 millones de euros, el montante principal se corresponde a facturas emitidas por la propia Diputación, (3,9 millones) mientras que 900.000 a la entidad autónoma IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico). Este crédito se amortizará en tres años al 6,5% de interés. Este aspecto fue muy criticado por el presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, quien se quejó de los términos que contemplan la financiación a través del crédito ICO. Al respecto, Loaiza afirmó que «el Gobierno tendría que haber dado unos plazos superiores para facilitar el pago, y así incluso se podrían haber solicitado cantidades mayores. Además, el interés es muy alto».

La solicitud del préstamos se validó en el pleno del mes de octubre, con el respaldo de los votos favorables del Partido Popular, Izquierda Unida y el Foro Ciudadano. Por contra, el PSOE se abstuvo y el PA no compareció en esa sesión plenaria. La abstención de los socialistas fue motivo de reproche por parte de Loaiza, quien consideró que lo que se aprobaba era la solución a unas deudas contraídas por este partido mientras estuvo en el Gobierno. «Facturas colgadas», dijo José Loaiza, que, «en el mejor de los casos, acumulaban 8 meses sin ser abonadas».

Con esta operación crediticia la Administración provincial hace frente a buena parte de los pagos pendientes con proveedores si bien es cierto «que se han encontrado otras facturas sin consignación presupuestaria por parte del anterior equipo de gobierno en el ejercicio 2011 por valor de 600.00 euros» como apuntaron ayer.

De momento, la Diputación está estudiando la fórmula para afrontar estos pagos a la mayor brevedad y las medidas que se adopten serán sometidas al refrendo del Pleno de la Corporación Provincial, con el objetivo de obtener la «transparencia en las cuentas públicas» uno de los objetivos estratégicos del actual ejecutivo.