El Gobierno congelará mañana el salario mínimo para 2012 en 641,4 euros al mes

Los sindicatos ya han recibido el primer mensaje directo del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha decidido congelar el llamado Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2012 en los 641,4 euros al mes que cobran hoy los perceptores de esta renta. Algo inédito en la historia reciente de España. El argumento ofrecido por el Ejecutivo es el ya conocido: la crisis. Una justificación que ha levantado ampollas en CC OO y UGT, que la ven más como una «excusa» que como una razón de peso. Las centrales recuerdan que con el próximo ejercicio serán ya tres los años en los que, por el efecto de la inflación, el SMI no compensa el incremento de los precios, con lo que mermará de nuevo el poder de compra de las personas menos favorecidas.

El nuevo SMI será aprobado mañana por el Consejo de Ministros en una cita en la que se conocerán también las primeras medidas del plan de ajuste de 16.500 millones que prepara el gabinete del nuevo inquilino del palacio de la Moncloa y su decisión sobre el salario de los funcionarios. La medida, que afecta a más gente de la que pueda parecer en principio, llega en plena ronda de contactos de la nueva ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con los agentes sociales, que están próximos a cerrar un pacto a medio gas con el que satisfacer en parte la petición de Rajoy de llegar con un acuerdo bajo el brazo sobre la reforma laboral para el día de Reyes.

CC OO y UGT ya lo habían advertido: hay que revisar al salario mínimo y se ha de mantener la capacidad de compra perdida. De hecho, las dos formaciones remitieron el pasado día 15 un informe al entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, recordándole que el SMI es uno de los más bajos de Europa (solo por encima del portugués en la Unión Europea a Quince) y aún muy alejado del 60% del salario medio neto que establece la Carta Social Europea. Esa cota supondría hoy un SMI de 1.026 euros. Pero no han tenido éxito en su reclamación, a la luz de la carta recibida en las sedes de ambos sindicatos en la que el Gobierno les anunciaba su intención de mantener invariable el SMI en atención a la «coyuntura económica general».

La crítica más elevada de tono llegó de boca de Valeriano Gómez, ministro de Rodríguez Zapatero (quien bajó el sueldo a los funcionarios y en los dos últimos años elevó el SMI por debajo de la inflación con un 1,5% y un 1,3%, respectivamente). Gómez calificó el paso de regresivo e injusto y aseguró que «no es razonable» pues -dijo- aumentar el SMI no condiciona el gasto público ya que fue sustituido en 2004 por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) como guía de muchas ayudas sociales y subsidios. Aun así, fuentes sindicales recuerdan que el SMI sirve de referencia para el Iprem.

En España apenas el 1,3% de los trabajadores a tiempo completo cobran una vez o menos el SMI. Pero más allá de la afectación directa, esa referencia tiene impacto de forma indirecta en muchísima gente. El salario mínimo condiciona la vida de más de un millón de personas. De entrada, la de todas aquellas que no cuentan con un convenio colectivo y la de muchos becarios, así como -desde el 1 de enero próximo- la de las empleadas de hogar.

Renta inembargable

Vincula también a quienes cobran del Fogasa cuando su empresa ha quebrado o, por ejemplo, a la Seguridad Social, al condicionar las cotizaciones mínimas. Incluso tiene relación con el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita. Además, es una cuantía inembargable cuando, entre otras eventualidades, una persona pierde su piso por una ejecución hipotecaria.

Conocida la congelación (el Gobierno ha de comunicar con antelación su decisión a los sindicatos), CC OO y UGT expusieron su desacuerdo con «una nueva caída real del SMI y una mayor capacidad de compra». El SMI, recordaron las centrales, creció entre 2004 y 2009 descontada la inflación, pero desde ese momento (en la aparición de la crisis internacional), ha mermado hasta suponer solo el 41% del salario medio. El recorte se debe a la propia moderación de la referencia y a la elevación del salario medio, aupado por la enorme destrucción de empleo en los niveles de salarios más bajos, lo que eleva el promedio.

Ahora, CC OO y UGT piden a Mariano Rajoy que se lo piense y reclaman, una vez más, la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el que fija la fórmula para decidir el SMI. Esa norma señala que será el Gobierno el que lo determine, previa consulta a los agentes sociales, tomando en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. La ley añade que se fijará una revisión semestral si no se cumplen las previsiones de inflación.

El SMI podría marcar la pauta para el salario de los funcionarios, sobre el que el Ejecutivo ha de pronunciarse también mañana. A la vista de esta congelación, nadie podría extrañarse si los empleados públicos vieran también estancada su retribución en 2012.