Recorte de 4.000 millones para empezar

El Gobierno aprobará el próximo viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia económica y presupuestaria donde se incluye un ajuste inicial de gasto que puede rondar los 4.000 millones de euros, a aplicar en el primer trimestre de 2012. El dato surgió en el marco de una conversación informal del titular de Economía con periodistas, si bien el departamento de comunicación de Luis de Guindos puntualizó horas después que el ministro «no cuantificó en ningún momento el importe» y añadió que «las cifras definitivas se determinarán en los próximos días».

La estimación del primer ajuste de gasto público debe concretarla el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero este departamento sigue trabajando en las cifras presupuestarias y todavía no han sido nombrados sus principales ejecutores, los secretarios de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos. Por eso De Guindos se mostró cauteloso. La cantidad resulta de dividir por cuatro el total de 16.500 millones que sería necesario recortar en el conjunto del ejercicio para rebajar el déficit de las administraciones públicas desde el 6% del Producto Interior Bruto que es el objetivo para el año que termina hasta el 4,4% comprometido en 2012.

El recorte definitivo se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto enviar al Parlamento antes del 31 de marzo. Para entonces ya se conocerán muchos datos del cierre del ejercicio de 2011, y se sabrá si, además del Estado, también el sistema de la Seguridad Social, las autonomías y los ayuntamientos han conseguido disciplinar sus cuentas y adecuarse a lo previsto. La mayoría de los institutos privados cree que este año se registrará más déficit, y sus proyecciones al alza oscilan entre medio punto (BBVA) y un punto y medio (Fundación de las Cajas de Ahorros). Por cada décima de desviación habría que elevar en 1.000 millones el ajuste de la próxima anualidad. Y el mayor esfuerzo corresponderá realizarlo a los entes territoriales. La recesión que se avecina, reconocida por De Guindos, será un obstáculo para las finanzas públicas, porque la caída del PIB y del empleo se trasladan directamente a descensos de la recaudación tributaria y de las cotizaciones sociales.

Además, el Consejo de Ministros prorrogará los presupuestos en vigor y dará luz verde a una subida de las pensiones. Es el único compromiso de aumento de gasto asumido por el presidente Mariano Rajoy, porque las deducciones fiscales anunciadas (desgravación generalizada por la compra de la vivienda habitual, incentivos a la contratación de trabajadores en las pymes) se traducirán en menores ingresos.

Depresión del consumo

El Gobierno baraja incrementar las pensiones en una proporción algo superior al 1%, tasa prevista por los organismos internacionales para la evolución de los precios en 2012. Supone una fuerte desaceleración desde los actuales niveles de precios -el IPC anual fue del 2,9% el pasado mes-, pero tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional prevén que la depresión del consumo reduzca con rapidez los niveles de inflación. Si en noviembre de 2012 la subida interanual de los precios excede el porcentaje que ahora se fije, los pensionistas verán actualizada la prestación en enero del año siguiente y se consolidará el aumento en la paga mensual. Por cada décima de punto de aumento la nómina de las pensiones se eleva en torno a 100 millones de euros.

En 2011 las prestaciones de más de cinco millones de pensionistas permanecieron congeladas, y solo se revisaron, con un alza del 1%, las mínimas, el Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad no concurrente con otra prestación, las pensiones no contributivas y las prestaciones familiares. Todas ellas van a obtener el próximo enero una compensación por la desviación de la inflación en 1,9 puntos. Esta paga y la consolidación del incremento suponen para la Seguridad Social una factura de 855,87 millones de euros que se carga, a partes iguales, entre los ejercicios 2011 y 2012. En la misma línea de austeridad se expresó la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la toma de posesión de Rafael Catalá Polo como secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, una denominación que, por cierto, tiene los días contados ya que el viernes se convertirá en 'Infraestructuras y Transporte'. Pastor recalcó que su gabinete «no gastará ni comprometerá más dinero del que tenga».

Catalá Polo dedicó un cariñoso recuerdo a Francisco Villar, quien fuera durante muchos años mano derecha de Mariano Rajoy, recientemente fallecido, y prometió anteponer los principios de estabilidad presupuestaria y creación de empleo a «cualquier otro». «No hay lugar para la resignación», defendió el secretario de Estado, quien tiene por delante la difícil tarea de privatizar Aena, un proyecto que el PP va a paralizar para poder rediseñarlo de arriba abajo.