España decrece

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aprovechó ayer la toma de posesión de los máximos responsables de su departamento para anunciar que la economía española decrecerá en este último trimestre del 2011 y en los dos primeros del 2012. Aunque el nuevo titular de Economía evitó el término recesión, y prefirió el eufemismo de un «perfil relativamente desacelerado» como pronóstico para el próximo ejercicio, su dictamen quedó claro. El objetivo de reducir el déficit público y situarlo en un 4,4% al término del 2012 constituye un compromiso ineludible no solo porque haya sido formalmente contraído en el marco de la Unión, sino porque toda relajación al respecto nos devolvería inmediatamente a los peores momentos de la crisis de la deuda. Pero es evidente que la austeridad en el gasto y la inversión de las administraciones públicas impide que nuestra economía despegue y se generen puestos de trabajo. Además, la continua posposición de la fecha en la que España estaría en condiciones de recuperarse incrementa el escepticismo general sobre la reactivación y disuade a empresarios, ahorradores y entidades financieras de apostar, en su respectivo ámbito de actuación, por un ciclo ascendente. Ni la fuerza tractora de la demanda exterior resulta suficiente para romper con el diabólico círculo que aprisiona a nuestra economía ni la revitalización de la demanda interior es posible con tan aciagos vaticinios. El gobierno Rajoy afronta este mismo viernes el reto de introducir medidas de ajuste que permitan la máxima reducción del déficit con el mínimo perjuicio para la economía real. Fórmula difícil de hallar sin que afecte seriamente al gasto social. Es la situación a la que se enfrentan todas las administraciones, aunque cada una responda a su particular dilema inclinándose por prioridades distintas entre el recorte a ultranza, la continuidad de proyectos de inversión o el sacrificio de servicios y prestaciones sociales. Lo que se espera del nuevo ejecutivo es que establezca una pauta que facilite una acción concertada de todas las instituciones del Estado en busca del equilibrio entre la contención que precisan los gastos corrientes y el mantenimiento de un determinado nivel de inversión pública, asegurando en todo caso el sistema de bienestar. Propósito inalcanzable si no se aborda la reforma estructural de todo el sector público.