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ESPAÑA

Reclama a Gallardón que pise el acelerador con el Constitucional

El Ejecutivo cubrirá en pocos días el cargo de fiscal general del Estado, vacante desde la dimisión de Cándido Conde-Pumpido

A. T.
MADRID.Actualizado:

Mariano Rajoy ha encargado a Alberto Ruiz-Gallardón, el nuevo titular de Justicia, que acelere al máximo las negociaciones, fundamentalmente con el PSOE, para sustituir en el primer trimestre del año a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación. Una de la plazas está vacante desde 2008, tras el fallecimiento del titular, y los otros tres, incluido el vicepresidente, tienen su mandato caducado desde hace más de un año ya que la renovación fue imposible por la incapacidad para ponerse de acuerdo de los dos grandes partidos. De hecho, el presidente de la corte, Pascual Sala, aprovechó el cambio de legislatura para recordar al nuevo presidente del Congreso, la cámara que tiene que cubrir las vacantes, que debe cumplir de inmediato con este mandato legal.

Rajoy, incluso, se ha comprometido a implicarse en las negociaciones de los nombramientos, que requieren de una mayoría de tres quintos en la cámara.

Esta no es la única renovación urgente que tiene pendiente el Ministerio de Justicia, que en los próximos días ha de nombrar al fiscal general del Estado, cargo vacante desde que Cándido Conde-Pumpido presentase con una semana de anticipo su dimisión. Entre los nombres que en los últimos días suena para dirigir el Ministerio Público está Carlos Lesmes, magistrado del Tribunal Supremo y ex director general para las Relaciones con la Administración de Justicia con el último Gobierno de Aznar.

El Ejecutivo también tiene pendiente de cubrir otro importante puesto vinculado a la Justicia. El cargo de Defensor del Pueblo está dirigido en funciones por María Luisa de Cava Llano desde que Enrique Múgica agotó su segundo mandato hace un año y medio.

Soraya Sáenz de Santamaría prometió ayer colaborar para esclarecer investigaciones judiciales como la del chivatazo a ETA o los flecos penales de los atentados del 11-M.