Firme apuesta por la liberalización

El nuevo equipo económico del Gobierno empieza a desvelar sus cartas. El número dos de Economía es un experto en defensa de la competencia, Fernando Jiménez Latorre, técnico comercial del Estado como Luis de Guindos, y también un veterano del ministerio, que llegó a ser asesor del ministro socialista Carlos Solchaga durante su mandato en el palacio de la madrileña calle de Alcalá.

En su dedicación profesional destacan los análisis sobre la liberalización del sector eléctrico. Una experiencia valiosa, porque el Ejecutivo, dispuesto a no subir la luz el próximo 1 de enero, va a tener que abordar cuanto antes una solución para el abultado déficit eléctrico que, según reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, impide congelar la tarifa que se aplica a la mayoría de los consumidores domésticos.

Jiménez Latorre no es un alto cargo de Industria, responsable de la regulación energética, sino que ha sido nombrado secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el departamento que dirige De Guindos. Nacido el 5 de agosto de 1957, ha desarrollado buena parte de su carrera en la administración, donde atesoró -en las distintas etapas de alternancia política, tanto con Ejecutivos del PSOE como del PP- una importante experiencia en los contactos con los socios comerciales de España.

Dos hitos han marcado su trayectoria: la relación con quien ahora será su jefe, y su paso por la dirección general del servicio de Defensa de la Competencia entre los años 2002 y 2004.

El número dos de Economía se mueve bien, al igual que su mentor, en ámbitos internacionales. Ha sido subdirector adjunto de la dirección de Política Comercial con países de la OCDE no comunitarios y consejero comercial en la representación permanente de España ante la UE, en Bruselas. En su dedicación profesional destacan, por otra parte, los estudios sobre el sector eléctrico.

De estos análisis, que ponen de relieve las distorsiones de un mercado regulado donde operan agentes muy poderosos, en el que se pretende caminar, paso a paso, hacia la liberalización, podría echar mano el Ministerio de Industria. El departamento que dirige José Manuel Soria se encuentra con la 'patata caliente' de tener que tomar una decisión inmediata sobre la tarifa eléctrica que se aplica a 20 millones de consumidores domésticos y también a las empresas de menor tamaño, como los establecimientos del pequeño comercio.

Soria ha admitido que «no se plantea» subir la luz el próximo 1 de enero, porque calcula que el actual sistema lo hace posible: un descenso del precio de la electricidad en diciembre en el mercado mayorista donde las comercializadoras compran a las generadoras le permite compensar el otro componente de la factura, el de los costes regulados.

Mala solución

Pero la solución solo puede ser válida a muy corto plazo y no se sostiene por más tiempo. Esos costes regulados son los que, además de soportar las primas a las renovables, y sufragar los gastos del transporte y el mantenimiento de la red, deben compensar, poco a poco, el abultado déficit de tarifa acumulado, que ya supera los 22.000 millones de euros.

Y el nuevo Gobierno se enfrenta a otra herencia envenenada. Hasta tres sentencias del Supremo se han pronunciado en contra de las decisiones que hicieron posible la congelación de la tarifa eléctrica en las dos ocasiones precedentes, julio de 2010 y octubre de este año.

El Tribunal Supremo considera que el Gobierno no puede sustraerse a la obligación de que la tarifa de la luz reconozca todos los costes incurridos, un imperativo de la propia regulación.

El alto tribunal ya se pronunció en el mismo sentido cuando el exministro Miguel Sebastián y el entonces portavoz del PP, Cristóbal Montoro, acordaron que la luz no subiera en julio de 2010, y se ratifica en su pronunciamiento en un auto del pasado 20 de diciembre. Este último fallo, ahora conocido, suspende la decisión del Ministerio de Industria de octubre de rebajar los peajes para compensar la subida de la energía en otoño.

Asegura el departamento dirigido por Soria que aún no le ha sido notificado el auto. Cuando lo reciba, será la Abogacía del Estado la encargada de estudiar su contenido y alcance.