El Gobierno de Rajoy
Con este equipo, el presidente ha querido traducir la consistencia del programa expuesto ante el Congreso: objetivos ambiciosos, definición clara de las tareas a cumplir y garantía de su implicación personal y directa
Actualizado: GuardarDecir que Mariano Rajoy ha hecho su Gobierno es, de entrada, una hueca solemnización de lo obvio. ¡Claro, quién lo iba a hacer si no! Pero en este caso, el Gobierno que se acaba de constituir es más de Rajoy si cabe, en el sentido de que se trata, probablemente, del Gobierno más presidencial de la democracia, el equipo en el que la presencia y la intervención de su presidente no quedan mediatizadas por una estructura orgánica pensada para la distribución de grandes áreas de responsabilidad ni por la incorporación de personalidades con alta proyección y perfil propio en la política nacional. Es un Gobierno en el que Rajoy confía para un trabajo de sala de máquinas y en el que él, junto con el indiscutible liderazgo, ha decidido concentrar también la responsabilidad. Con este equipo, Mariano Rajoy ha querido traducir la consistencia del programa de gobierno expuesto ante el Congreso: objetivos ambiciosos, definición clara de las tareas a cumplir y garantía de su implicación personal y directa en la consecución de aquellas. Así cabe interpretar la supresión de la vicepresidencia para asuntos económicos pero también el gran contenido que adquiere la única vicepresidencia ocupada por Soraya Sáenz de Santamaría, verdadero 'alter ego' de Rajoy, a la que corresponderá asegurar que el engranaje del Gobierno funciona con el ritmo y con la calidad en el desempeño que requiere el cumplimiento de su programa.
Que una personalidad tan contenida como la de Rajoy haya dado lugar a un equipo de gobierno que resalta como nunca antes su liderazgo supone una cierta paradoja. No es la única que acompaña favorablemente al nuevo Consejo de Ministros. No hay paridad matemática y, sin embargo, las ministras por su trayectoria previa y la tarea encomendada confieren una densidad política y meritocrática a la presencia de las mujeres muy superior a la que ha traído la observancia dogmática de las cuotas. Es el Gobierno de edad media más alta de los habidos en democracia y, sin embargo, gana ampliamente en la comparación con los equipos más jóvenes pero agostados que les han precedido en la legislatura anterior.
Con los nombramientos de Luis de Guindos y de Cristóbal Montoro, Rajoy hace bueno el relato de lo que significó la política económica puesta en marcha por el primer Gobierno del Partido Popular en 1996. La evocación de aquella política y de sus logros como aval del PP para hacerse cargo de la situación tiene ahora los nombres y apellidos de estos dos ministros que figuraron en el núcleo de aquella estrategia de reformas, crecimiento y estabilidad en la economía española que culminó en el euro. Los dos tendrán que sumar para proponer una estrategia creíble de salida de la crisis mientras se las ven con las necesidades de financiación de la economía y de ajuste fiscal a la espera del dato final de déficit público que podría convertirse en el primer quebradero de cabeza serio para el nuevo Gobierno. Como anticipa la unión de los departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas, el inevitable ajuste fiscal adquiere mayor sensibilidad política ya que plantea la necesidad de abordar las disfuncionalidades del modelo autonómico con grandes dosis de lealtad institucional y cooperación. La extensión del poder autonómico del PP debería facilitar el tratamiento de este problema que encuentra en Cataluña su expresión más compleja.
Rajoy, por otra parte, ha dado elementos más que suficientes para guiar la gestión que corresponde a los ministerios de Interior y de Justicia a fin de hacer efectiva la derrota de ETA. El presidente del Gobierno dejó claro que no vinculaba el anuncio de cese definitivo de la actividad terrorista con ninguna concesión política, abrió su discurso de investidura con una significativa referencia a la víctimas del terrorismo y, sin concesión alguna a la operación de lavado de imagen puesta en marcha por la representación de Amaiur en el Congreso, afirmó no deber nada -ni él, ni la sociedad española- ni a ETA ni a su entorno político porque la organización terrorista declare que deja de matar. Jorge Fernández y Alberto Ruiz-Gallardón no habrán pasado por alto que precisamente cuando Rajoy comparecía ante el Parlamento para su investidura, el cese de la actividad terrorista tenido por definitivo ya no lo era tanto, a tenor de sendas advertencias del portavoz del PNV en el Congreso y del presidente del PSE-PSOE. Volver a plantear contrapartidas a ETA con el argumento de que hay que consolidar el cese del terrorismo no es más que intentar que la política del Estado vuelva a un bucle sin salida en el que solo prospera el argumento de la impunidad y se justifica la marginación de las víctimas.
A Justicia e Interior, junto con la decisiva intervención de la vicepresidenta, corresponde buena parte del impulso de recuperación institucional que definirá la ejecutoria de este Gobierno al menos tanto como su acierto en la dirección de la economía.
España necesita urgentemente reformar y fortalecer un entramado institucional quebrado por la ruptura de los consensos y dramáticamente disminuido en su prestigio ante los ciudadanos. La crisis que padecemos no es solo materia de recetas técnicas. Su superación reclama también confianza en los procedimientos de deliberación y de decisión, en la transparencia y ejemplaridad de la vida pública, en la garantía del Estado de derecho. Reclama, en definitiva, capacidad incluyente en la organización de la convivencia; un mandato de unidad para recuperar la fortaleza.